El año pasado se aprobó la nueva ordenanza de control poblacional de perros y gatos que impedía la captura de animales en la vía pública y su depósito en el dispensario municipal, sin embargo, poco después se presentó una nota por parte de la Subsecretaría de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo.
En el mismo se solicitaba la modificación de los artículos 8, 13, 14 y 16 de la normativa proponiendo en el artículo 8 “ampliar el alcance del servicio permanente de emergencia para animales, no solo para los que sufran accidentes en la vía pública, sino también para cualquier requerimiento de cualquier índole originado en la justicia contravencional y/o penal; y/o denuncias realizadas por cualquier medio que refiera a perros y gatos que deambulen en la vía pública con riesgos de peligrosidad hacia terceros”.
La función principal de esta normativa sería implementar una línea telefónica gratuita para tales fines y en el artículo 13 que habla de la práctica de atrapar, castrar y volver a su lugar a los perros y gatos que no manifiesten conductas agresivas y que no hayan producido mordeduras en alguna oportunidad, se pretende dejar abierta la posibilidad de atrapar y encerrar a los animales que hayan manifestado conductas agresivas y/o mordeduras.
Ante ello, la Comisión Coordinadora de Proteccionistas de CR, comenzaron a cuestionar la situación dado que se desconoce quién será el responsable de fiscalizar y labrar las actas correspondientes, quién calificaría las conductas, cómo sería el control o si se continuará trabajando bajo las mismas modalidades y prácticas del momento.
De esta forma, a través de un escrito remarcan “¿existirá un trabajo serio de algún etólogo? ¿De algún profesional que con su sello se comprometa a controlar y asegurarse que los animales encerrados contaran con un espacio de recuperación y contención? ¿O terminaremos con un depósito de animales?”.
Diario Crónica
