Julio Silva declaró ante el Tribunal Oral Federal N° 7 que nunca vio ingresar bolsos con dinero al departamento de Recoleta. Admitió el falso testimonio en 2018, pero aseguró que fue coaccionado en el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
BUENOS AIRES. — Un giro radical sacude los cimientos de la denominada «Causa Cuadernos», el expediente que investiga una presunta red de corrupción en contratos de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Julio Silva, el histórico encargado del edificio de Juncal y Uruguay donde residía la expresidenta en el barrio porteño de Recoleta, se retractó formalmente de sus dichos ante la Justicia y aseguró que nunca vio movimientos de bolsos o valijas con dinero en el lugar.
La sorpresiva declaración tuvo lugar este jueves por la mañana durante la audiencia de indagatoria celebrada ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Allí, Silva rompió el silencio y desmintió de manera categórica la versión que él mismo había convalidado en el año 2018, la cual se había transformado en uno de los pilares mediáticos y judiciales de la acusación.
El testimonio de 2018 que quedó desarticulado
Durante la audiencia, el encargado tuvo que confrontar la relectura de su primera declaración testimonial, firmada hace ocho años en la etapa de instrucción. En aquel documento, Silva afirmaba que entre 2007 y 2010 existían «movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días».
En ese relato original, el testigo apuntaba directamente contra el fallecido exsecretario privado Daniel Muñoz, asegurando que era quien recibía el equipaje con los supuestos fondos ilegales que los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal dejaban en la entrada del inmueble. Sin embargo, al finalizar la lectura del acta en el tribunal, Silva admitió haber incurrido en un delito al convalidar hechos que jamás ocurrieron.
La denuncia de coacción judicial: «Le hablaron de sus hijas»
El tramo más grave de la nueva declaración de Silva apuntó de forma directa a los métodos de investigación utilizados durante la instrucción de la causa, apuntando al juzgado del ya fallecido magistrado Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.
Según denunció el encargado, al momento de presentarse a testificar en 2018 sufrió fuertes presiones y amenazas por parte de las autoridades judiciales de ese momento. El testigo detalló ante los jueces del tribunal que los funcionarios le hicieron mención expresa a sus hijas, una situación que interpretó de inmediato como una velada amenaza y una coacción directa para obligarlo a convalidar la hipótesis fiscal de los bolsos.
El escenario legal del testigo
A raíz de esta sorpresiva retractación, el panorama jurídico de Julio Silva se tornó sumamente complejo. Al haber admitido en sede judicial que mintió en una declaración previa, quedó expuesto de manera automática a una denuncia penal por falso testimonio y obstrucción a la Justicia. Tanto los magistrados del tribunal como los fiscales del juicio oral tienen la potestad de extraer los testimonios de la audiencia para iniciarle una causa penal.
Según informaron fuentes cercanas al caso a la agencia Noticias Argentinas, la estrategia de la defensa de Silva se centrará en demostrar que el hombre no actuó con dolo, sino bajo una «fuerte coacción legal externa» que anuló su libre voluntad al momento de firmar las actas en los tribunales de Comodoro Py.
