Un fallo judicial dictado en la localidad rionegrina de Choele Choel promete patear el tablero del comercio electrónico en la Argentina. En una sentencia sin precedentes, la Justicia de Río Negro condenó de manera solidaria a Mercado Libre, a la empresa de logística Andreani y a la firma vendedora Jobu SA a indemnizar con más de $3,2 millones a un usuario a quien le cancelaron unilateralmente la compra de un electrodoméstico.
La odisea del consumidor comenzó en julio de 2022, cuando adquirió un lavavajillas Whirlpool a través de la conocida plataforma por un valor superior a los $167.000, incluyendo impuestos y costos de envío. Sin embargo, los días pasaron, el producto nunca llegó a destino y, de forma imprevista, la operación apareció como «cancelada» dentro del sistema.
A pesar de que el comprador rechazó explícitamente la cancelación y exigió que le entregaran el aparato, el mecanismo automático de “Compra Protegida” de Mercado Libre le reintegró el dinero de prepo. Para ese entonces, el remedio fue peor que la enfermedad: debido a la vertiginosa inflación local, el valor del mismo lavavajillas ya se había duplicado en el mercado, dejando al cliente con las manos vacías y sin posibilidades de volver a comprarlo.
«No son simples intermediarios»: el revés de la jueza
Ante la estafa encubierta, el damnificado inició una demanda contra todo el ecosistema de la transacción. Al defenderse en el juicio, Mercado Libre ensayó su argumento clásico: que funciona meramente como un «shopping virtual» o intermediario tecnológico entre terceros. Por su parte, Andreani alegó que su única función era el transporte físico del paquete y que no tenía relación con la venta.
Sin embargo, la jueza Natalia Costanzo desarmó ambas estrategias corporativas de forma contundente. La magistrada determinó que tanto la plataforma digital como la empresa de logística forman parte indivisible de la cadena de comercialización y, por lo tanto, deben responder solidariamente ante el consumidor si el servicio fracasa.
Para la Justicia, el sistema aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y fijó una indemnización que contempla daño moral, daño emergente y privación de uso. Lo más severo fue la inclusión de un daño punitivo de $2 millones, una multa civil aplicada al considerar que las empresas tuvieron una conducta “objetivamente descalificable” hacia el usuario.
Un antes y un después para las compras online
El fallo pone bajo la lupa los extensos contratos de «términos y condiciones» que las grandes plataformas digitales obligan a firmar a los usuarios, los cuales suelen incluir cláusulas abusivas para desvincularse de los problemas de las entregas.
Aunque la resolución todavía puede ser apelada por las compañías involucradas, los especialistas en derecho del consumidor aseguran que este caso sienta un precedente de oro en el país. A partir de ahora, las firmas de e-commerce ya no podrán lavarse las manos ni esconderse detrás de una pantalla cuando el paquete de un cliente no llegue a la puerta de su casa.
