El Ejecutivo nacional ultima los detalles de una nueva tanda de reformas que incluye la eliminación de los octógonos negros en los alimentos. La Casa Rosada busca profundizar la desregulación de la economía y atiende un histórico reclamo de la industria alimentaria por las trabas comerciales en la región.
En línea con su agenda de desregulación y la denominada «batalla cultural» para retirar al Estado de las decisiones de los ciudadanos, el gobierno de Javier Milei se prepara para dar un paso de fuerte impacto en el consumo masivo. La Casa Rosada enviará en las próximas horas un paquete de proyectos de ley al Congreso de la Nación, entre los cuales sobresale una iniciativa clave: la derogación absoluta de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos.
Sancionada en 2021 tras un intenso debate parlamentario, la normativa vigente obliga a las empresas a exhibir octógonos negros en la cara principal de los envases para advertir sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturas, grasas totales y calorías, con el fin de promover una alimentación saludable y prevenir enfermedades crónicas. Ahora, La Libertad Avanza busca borrarla del mapa legislativo, impulsada por el envión político que significó la media sanción de la «Ley Hojarasca», la cual eliminó más de 60 normativas consideradas obsoletas por el oficialismo.
Chau a los octógonos y los personajes infantiles
Fuentes del oficialismo confirmaron que el proyecto de derogación apuntará al corazón de la ley actual. De aprobarse, ya no serán obligatorios los sellos negros ni las advertencias rectangulares que desaconsejan el consumo de cafeína o edulcorantes en las infancias.
Asimismo, la contrarreforma libertaria prevé devolverle a las marcas la libertad comercial que perdieron en las góndolas. Con la legislación actual, cualquier producto que contenga al menos un sello de advertencia tiene estrictamente prohibido incluir en sus envoltorios personajes infantiles, dibujos animados, celebridades o promesas de regalos, una restricción que el Gobierno considera una intromisión innecesaria del Estado en el marketing de las empresas.
Los motivos de la Rosada: presión industrial y falta de uniformidad
Desde el entorno presidencial no ocultan que detrás de este impulso normativo existe un fuerte y sostenido reclamo de la industria alimentaria, sector que desde el primer día opuso una férrea resistencia a los octógonos.
Más allá del impacto directo en las ventas locales que denuncian las empresas por la «estigmatización» de ciertos productos, las corporaciones que producen a gran escala para el Mercosur plantean una queja técnica: la falta de uniformidad regulatoria. Al no existir criterios idénticos entre los países de la región sobre cómo, cuándo y qué etiquetar, las empresas aducen que la ley argentina genera trabas burocráticas y sobrecostos logísticos insostenibles para el comercio exterior.
Con este panorama, la discusión promete trasladarse al Congreso, donde la oposición defenderá una ley valorada por organismos de salud, mientras que el oficialismo buscará imponer la bandera del libre mercado y la desregulación económica.
