El Tribunal de Faltas advierte sobre multas millonarias para quienes presten servicios de transporte sin habilitación, buscando proteger a usuarios y prestadores habilitados.
Las autoridades municipales de Comodoro Rivadavia están redoblando los esfuerzos para desalentar el uso de aplicaciones de transporte como Uber, que operan por fuera de la normativa local. Así lo confirmó Nicolás Caridi, presidente del Tribunal de Faltas, en diálogo con Radio del Sur 97.1, donde brindó detalles sobre la postura del Municipio.
Caridi aclaró que la sanción no recae sobre la aplicación en sí, sino sobre la persona que presta el servicio de transporte sin la debida habilitación municipal. «Lo que no está regulado no es la aplicación en sí, la aplicación es una modalidad de contratación, pero lo que se sanciona efectivamente es que alguien, cualquiera, persona sin habilitación, está prestando un servicio de transporte, que sí está regulado», explicó. El transporte, sea público o privado, cuenta con ordenanzas específicas que deben cumplirse.
El presidente del Tribunal de Faltas subrayó que cada servicio de transporte tiene sus propios requisitos. Por ejemplo, en el caso de los remises, como transporte privado, se exige el cumplimiento de ciertas normativas. «La misma Dirección de Transporte, así como controla el transporte ilegal, controla que aquellos que tienen licencia cumplan con los requisitos que le pide el propio Municipio», afirmó Caridi.
Caridi reconoció la necesidad de reforzar los controles, ya que «si no se sanciona el transporte ilegal, esto va en desmedro» del sistema regulado. El público que utiliza el transporte en la ciudad, dijo, «va buscando el que mejor» se adapte a sus necesidades, lo que puede llevar a optar por servicios no habilitados.
Multas de hasta un millón de pesos
Respecto a las sanciones, Caridi indicó que las multas por prestar servicios de transporte ilegal, incluyendo aquellos contratados a través de plataformas como Uber, rondan el millón de pesos. Este monto puede incrementarse si el conductor carece de la documentación obligatoria requerida por el Municipio.
El funcionario mencionó que la problemática del transporte ilegal es un tema que está en estudio a nivel municipal y que afecta a todo el país. Añadió que, si bien la prioridad es sancionar a quienes no cumplen con la normativa, también se está evaluando la necesidad de actualizar el marco regulatorio. Cabe destacar que, desde la última aprobación de licencias, han transcurrido cuatro años, lo que también es parte de la problemática en evaluación.
Caridi enfatizó que lo que se sanciona es el tipo de servicio que se brinda, independientemente de la plataforma de contratación. «Se está sancionando el tipo de servicio que se brinda, independientemente de la plataforma que se contrate», concluyó.
