Tras la audiencia de control de detención realizada este martes, el avance de la causa por la muerte de Ángel López quedó atado a un elemento determinante: los estudios periciales que permitirán establecer cómo y cuándo se produjeron las lesiones que sufrió el niño.
Actualmente, la madre, Mariela Altamirano, fue imputada por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, es decir, por no haber intervenido para evitar el desenlace fatal. En tanto, su pareja, Michel González, está acusado de homicidio simple como presunto autor material de la agresión. Esta diferencia implica, en principio, expectativas de pena muy distintas: prisión perpetua para la mujer y hasta 25 años de cárcel para el hombre.
Sin embargo, esta calificación podría modificarse en función de los resultados de las pericias histopatológicas. La autopsia preliminar reveló que el niño presentaba más de 20 golpes en el cráneo que derivaron en un edema cerebral fatal, pero aún no se determinó si esas lesiones ocurrieron en un único episodio o si fueron producto de agresiones reiteradas en el tiempo.
De esa definición dependerá el rumbo de la causa. Si se confirma que los golpes se produjeron en un mismo momento, la fiscalía podría avanzar hacia una imputación más grave contra González, incorporando agravantes que podrían llevar la pena también a prisión perpetua. En cambio, si se establece que las lesiones fueron progresivas, el caso podría encuadrarse como un escenario de maltrato sostenido, manteniendo la figura actual.
La diferencia no es menor, ya que no solo impacta en la calificación legal, sino también en la interpretación del hecho: un ataque concentrado podría ser considerado un episodio de extrema violencia con agravantes, mientras que una secuencia de agresiones abriría la hipótesis de un contexto de violencia prolongada dentro del entorno familiar.
En cuanto a la madre, su situación judicial está vinculada a la acusación por omisión. La fiscalía deberá demostrar que tenía conocimiento de lo que ocurría y que contaba con la posibilidad de intervenir para evitar el desenlace. En ese sentido, un escenario de maltrato sostenido podría reforzar la acusación en su contra.
Con un plazo de seis meses de investigación y prisión preventiva para ambos imputados, la causa entra ahora en una etapa clave. Los informes periciales serán determinantes para reconstruir la mecánica del hecho y definir si corresponde modificar las imputaciones.
El caso avanzará hacia un juicio oral con jurado popular, donde se evaluarán las pruebas y se establecerán las responsabilidades penales. Mientras tanto, la investigación continúa centrada en un dato clave que podría cambiar el rumbo del proceso y las penas en juego.
