El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles una rectificación de su declaración jurada patrimonial y aseguró que una parte importante de los bienes incorporados corresponde a inversiones realizadas en bitcoin entre 2013 y 2018.
Según explicó el funcionario, los fondos invertidos en criptomonedas habrían experimentado una fuerte valorización con el paso de los años, permitiéndole incrementar significativamente su patrimonio. De acuerdo con su versión, una inversión inicial cercana a los 200 mil dólares se transformó en una suma superior a los 500 mil dólares gracias al crecimiento del valor de la criptomoneda.
La presentación se concretó más de un mes después de que el presidente Javier Milei anticipara que la situación patrimonial de Adorni sería regularizada de manera inminente.
Durante una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete reconoció además que durante años no incorporó a sus declaraciones juradas determinados ahorros personales y familiares. «Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error», expresó, al tiempo que aseguró que abonará los impuestos, intereses y multas que correspondan tras la revisión de su situación fiscal.
Las explicaciones brindadas por el funcionario generaron cuestionamientos tanto en sectores de la oposición como dentro del propio ámbito político, especialmente por la procedencia de los fondos y por la falta de declaración previa de esos activos.
Adorni sostuvo que nunca existió intención de ocultar patrimonio y atribuyó las inconsistencias detectadas a errores que se fueron trasladando de una declaración jurada a otra. También defendió su continuidad en el cargo y afirmó que evaluó presentar su renuncia, aunque finalmente decidió permanecer en funciones.
La rectificación patrimonial también alcanzó las declaraciones realizadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo ante el cual deberá regularizar la situación tributaria derivada de los cambios efectuados.
Mientras tanto, la presentación será incorporada a la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y en la que la Justicia analiza diversas inconsistencias patrimoniales detectadas en la documentación del funcionario.
