Tras un tenso 6 a 6, el oficialismo apeló al voto doble para validar un esquema salarial basado en montos no remunerativos. La oposición denunció ilegalidad, riesgo judicial y la marginación de los jubilados.
En un clima atravesado por silbidos desde las gradas y cruces en las bancas, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó a ajustadas penas el acuerdo paritario pactado entre el Ejecutivo municipal y el gremio SOEM. La sesión extraordinaria terminó en un estricto empate 6 a 6 que debió destrabar el vicepresidente del cuerpo, Marcos Panquilto —a cargo de la presidencia por la ausencia de Maximiliano Sampaoli—, haciendo uso del recurso del voto doble que le otorga la Carta Orgánica.
El nudo de la discordia no fue la necesidad del incremento, sino su arquitectura financiera: un 19% en cuotas escalonadas junto a dos bonos extraordinarios de $150.000 que revisten carácter no remunerativo. Esta modalidad implica que dichos montos no ingresan al sueldo básico ni computan para el cálculo del aguinaldo, las horas extras o los haberes previsionales. En la práctica, se trata de un esquema que desfinancia las cajas del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) y deja al margen a los jubilados municipales.
Desde la oposición (Despierta Comodoro y bloques minoritarios) tildaron la medida de «ilegal» e inconstitucional. Cuestionaron además la exclusión de la Asociación del Personal Jerárquico (APJ) de la firma final del convenio —cuyos referentes se hicieron sentir con abucheos desde las barras hacia el bloque oficialista— y advirtieron que los sueldos de las categorías más bajas seguirán rezagados frente a la inflación y el costo de vida local.
Por su parte, el bloque oficialista Arriba Chubut reconoció las objeciones sobre los pasivos y los sesgos del acuerdo, pero justificó su acompañamiento en la urgencia de volcar liquidez inmediata al bolsillo de los trabajadores activos. Argumentaron que el intendente se comprometió a evaluar una compensación futura para los jubilados, aunque la ordenanza fue sancionada sin garantías por escrito.
Entre objeciones de técnica jurídica y un marcado malestar gremial, el Ejecutivo logró la validación del esquema paritario, abriendo un frente de potencial litigio judicial y dejando en evidencia las fracturas de una negociación que dejó a importantes sectores fuera del acta final.
Fuente original: ADNsur
