Luego de más de dos años de reclamos por el financiamiento del sistema universitario, el Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con las universidades públicas y los gremios del sector que incluye una recomposición salarial, mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones y nuevos fondos para hospitales universitarios.
El entendimiento fue firmado entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones sindicales que representan a docentes y trabajadores no docentes. Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que el acuerdo contempla una actualización salarial acumulada del 24,33%.
Según lo pactado, en junio se aplicará un incremento del 21,33% sobre los salarios vigentes a mayo de 2026, mientras que en octubre se sumará otro 3% calculado sobre los haberes de septiembre. Además, las partes acordaron mantener reuniones paritarias cada tres meses hasta fin de año.
El convenio también prevé una mejora del 20% en los fondos destinados a gastos de funcionamiento de las universidades nacionales a partir de junio. A ello se suma una asistencia extraordinaria para el sistema de salud universitario, con una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios, que se agregará a los $80.000 millones ya previstos para ese fin.
Otro de los puntos destacados es el aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, orientadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Sin embargo, el acuerdo no incluyó una actualización de las Becas Progresar, uno de los reclamos impulsados por distintos sectores educativos.
Asimismo, el Gobierno se comprometió a garantizar recursos para actividades de capacitación de las entidades gremiales y ratificó que las universidades deberán rendir cuentas sobre la utilización de los fondos recibidos de acuerdo con la normativa vigente.
La firma del acuerdo se produjo tras una extensa negociación marcada por movilizaciones estudiantiles y docentes, paros, clases públicas, debates legislativos y presentaciones judiciales. El conflicto se había profundizado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios y las dificultades presupuestarias que enfrentaban las casas de estudio.
De acuerdo con datos difundidos por el CIN, alrededor de 10.000 docentes abandonaron el sistema universitario en los últimos años debido al deterioro salarial, una situación que fue uno de los principales ejes de las discusiones con el Ejecutivo.
Si bien el entendimiento representa un avance para destrabar el conflicto, los gremios adelantaron que seguirán monitoreando el cumplimiento de los compromisos asumidos y la evolución de los salarios. En paralelo, continúa abierto el frente judicial vinculado al financiamiento universitario, una discusión que aún mantiene causas en trámite en la Corte Suprema.
