Los graves incidentes registrados en la sede de la Supervisión de Escuelas de Kilómetro 3 ya tienen un marco judicial formal. En los tribunales de Comodoro Rivadavia se llevó a cabo la audiencia de control y apertura de la investigación contra los dirigentes estatales Verónica Rosales (secretaria general de ATE), Lorena Rosales, Evangelina Arbe, José Parra y Eduardo Echeveste.
El fiscal Ariel Corredera imputó formalmente a los manifestantes por los delitos de atentado contra la autoridad doblemente agravado y lesiones. Aunque el grupo recuperó la libertad, el juez penal Alejandro Soñis les dictó una prohibición absoluta de acercamiento al edificio público vandalizado.
Piedras, palos y una puerta destruida: la reconstrucción del ataque
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron el pasado martes a las 10:00 de la mañana, cuando un grupo de aproximadamente 70 integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se concentró fuera del edificio escolar en el marco de un reclamo salarial y de paritarias.
La situación se descontroló por completo poco después de las 11:15 horas. Según el relato fiscal, la multitud —arengada presuntamente por Verónica Rosales y Eduardo Echeveste— avanzó con violencia para romper el perímetro:
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Fuerza bruta: Desplazaron las vallas de seguridad e intentaron ingresar por la fuerza, siendo contenidos en primera instancia por el personal de custodia.
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Destrucción: Al no poder entrar, comenzaron a patear la puerta principal hasta destruirla por completo, al tiempo que rompían los vidrios del frente arrojando piedras y palos.
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Invasión y heridos: Tras empujar a los efectivos policiales, propinar golpes de puño y revolear objetos, la facción violenta logró acceder a la planta baja del edificio, donde destrozaron una segunda puerta que conecta con las escaleras. El saldo del enfrentamiento dejó a cuatro policías con lesiones leves.
La polémica defensa gremial: «Fue consecuencia de la manifestación»
La defensora de los imputados, Alicia Dramesino, intentó bajarle el tono a la imputación argumentando que el cúmulo de pruebas es insuficiente y que la Fiscalía no logró precisar qué acción específica cometió cada uno de sus asistidos.
Además, la abogada ensayó una polémica justificación sobre el accionar de los agremiados:
«No es la primera vez que ante un reclamo de un gremio resulte gente lesionada o se rompan cosas; no fue un acto configurativo de un delito, sino que fue una consecuencia de una manifestación, que ante la presencia policial generalmente tiende a reprimir», sostuvo Dramesino.
El límite constitucional: manifestación sí, violencia no
Al momento de resolver, el juez Alejandro Soñis rechazó los argumentos de la defensa y autorizó de forma unánime la apertura de la investigación preparatoria por el plazo de ley.
En su dictamen, el magistrado dejó un fuerte mensaje institucional y marcó un límite tajante respecto a las metodologías de protesta en la ciudad: “El derecho a manifestarse es constitucional y legítimo, pero no se puede naturalizar que haya violencia o daños en este tipo de reclamos, ni por parte de los que piden, ni por parte de los que deben cuidar”, concluyó contundente.
