La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECyED) logró detener a otro sospechoso clave. Utilizaban una telaraña de empresas fantasma y falsas plataformas de inversión. Una sola de las víctimas fue estafada por 857 millones de pesos.
Una organización criminal de alcance federal, dedicada a vaciar los bolsillos de ahorristas mediante maniobras digitales de alta complejidad, sumó a su cuarto detenido bajo prisión preventiva. La investigación, que se inició originalmente en Puerto Madryn a partir de la denuncia de un damnificado, desnudó un perjuicio económico que el Fiscal General de Chubut, Fernando Rivarola, ya califica como un daño de «miles de millones de pesos o varios millones de dólares».
En una audiencia de control de detención realizada por videoconferencia, el juez de garantías Daniel Yanguela avaló por completo los argumentos de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED). El magistrado ordenó la prisión preventiva para el sospechoso identificado como M. C. G. M., mientras que un segundo implicado, D.O.M., quedó imputado en libertad pero bajo un estricto régimen de restricciones.
El «Efecto Big Ben»: La telaraña de empresas fantasma
La hipótesis que maneja la Fiscalía dibuja una estructura empresarial perfectamente aceitada para captar fondos de manera ilegal, mover el dinero entre múltiples operadores y borrar cualquier tipo de trazabilidad bancaria. Entre las firmas bajo la lupa judicial que eran utilizadas para canalizar las fortunas robadas se encuentran:
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Grupo Financiero Big Ben (una de las principales pantallas financieras)
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BLOBAL TT, Instrumental Norte y Smile Tecnología
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Chicago Fin Group, Pagos Universales y Lynder G&S Solutions
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Novatrek y XAEP, además de otras firmas que siguen bajo análisis
El nivel de audacia de la banda quedó en evidencia con el caso de un solo damnificado, quien invirtió la escalofriante suma de 857 millones de pesos en una falsa plataforma creyendo que hacía un negocio legítimo, dinero que terminó siendo desviado directamente a las cuentas del Grupo Financiero Big Ben.
«A medida que avanzamos, tenemos conocimiento de nuevas empresas creadas para los ilícitos, con la posibilidad de centenares de nuevas víctimas. Toda la sociedad argentina estuvo expuesta a esta organización», advirtió con preocupación el fiscal Rivarola al fundamentar el peligro de fuga y el entorpecimiento de la causa.
Un año y medio para desarmar la estructura
Debido a la enorme extensión territorial de los fraudes, la cantidad de firmas involucradas y el descomunal volumen de evidencia digital recolectada, el juez Yanguela ratificó la calificación de «causa compleja». Esto extiende legalmente el plazo de investigación a un año y seis meses.
La caída de estos últimos sospechosos es el resultado directo de una serie de allanamientos masivos ejecutados el 28 de abril y el 20 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense. En esos operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron grandes sumas de dinero en efectivo, moneda extranjera, documentación clave y soportes de almacenamiento digital que hoy están siendo peritados.
Situación de los imputados y lo que viene
Con las últimas resoluciones, la causa ya acumula cuatro imputados con prisión preventiva efectiva y uno con libertad restringida.
El recién detenido, M. C., permanecerá tras las rejas al menos hasta el 23 de junio mientras la justicia evalúa su inmediato traslado a la provincia de Chubut. Por su parte, D. M. recuperó la libertad pero no podrá acreditar contacto con nadie vinculado al caso, debió fijar un domicilio obligatorio y tendrá que presentarse periódicamente ante una comisaría de CABA.
Dada la magnitud del fraude, fiscales de distintas provincias ya coordinan acciones conjuntas mediante un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), por lo que las autoridades locales adelantaron que no se descartan nuevas detenciones y más allanamientos en las próximas horas.
