La explicación brindada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el fuerte incremento de su patrimonio a partir de inversiones en Bitcoin realizadas hace más de una década sigue generando debate. Ahora, un especialista en inteligencia artificial y negocios digitales advirtió que, si bien el planteo es posible desde el punto de vista técnico, los números conocidos hasta el momento no parecen respaldar esa versión.
Mario Agustín Giménez analizó públicamente la información difundida sobre las operaciones con criptomonedas atribuidas al funcionario y sostuvo que existen inconsistencias entre las fechas, los montos invertidos y las ganancias declaradas.
Según explicó, una inversión de 200.000 dólares realizada en 2014 debería haber generado retornos considerablemente mayores a los informados, teniendo en cuenta la evolución que tuvo el valor del Bitcoin entre 2014 y 2018.
El especialista señaló que, de acuerdo con las cotizaciones históricas de la criptomoneda, una compra efectuada durante 2014 y vendida durante el auge de precios registrado entre fines de 2017 y comienzos de 2018 habría producido ganancias de varios millones de dólares en distintos escenarios posibles.
Por ese motivo, consideró que la rentabilidad declarada no resulta compatible con una inversión de ese tamaño realizada en la fecha mencionada. En su análisis, planteó que las operaciones podrían haber sido efectuadas más adelante o con un capital inicial inferior al informado.
Otro de los aspectos observados por Giménez es que las transacciones que trascendieron públicamente se ubican temporalmente entre 2017 y 2018. De acuerdo con su interpretación, tanto los movimientos registrados como los valores de compra y venta conocidos coinciden con ese período y no con una operatoria iniciada tres años antes.
El experto remarcó además que la historia puede ser comprobada mediante documentación objetiva. Explicó que tanto las transferencias bancarias como la tecnología blockchain dejan registros permanentes de las operaciones, lo que permitiría verificar el recorrido de los fondos y las fechas exactas de compra y venta.
En ese sentido, sostuvo que la clave para despejar las dudas sería la exhibición de las direcciones de las billeteras digitales utilizadas en las operaciones, ya que la información almacenada en la blockchain es pública y puede ser auditada.
Asimismo, recordó que una inversión de 200.000 dólares en Bitcoin durante 2014 habría representado una apuesta de gran magnitud incluso a nivel internacional, en un mercado que todavía se encontraba en una etapa incipiente y con una cantidad reducida de inversores.
Mientras continúa la polémica en torno al crecimiento patrimonial del funcionario, el debate se centra ahora en la posibilidad de verificar con documentación y registros digitales la versión ofrecida sobre el origen de los fondos y las ganancias obtenidas a través de las criptomonedas.
