El pequeño Casper pesaba 116 kilos, había perdido la capacidad de caminar y sus padres llamaron a un veterinario antes de pedir una ambulancia. Hoy comenzó el proceso judicial.
Un caso que combina negligencia extrema, condiciones de vida inhumanas y el aislamiento total del sistema estatal ha conmocionado a los Estados Unidos. La Fiscalía del condado de Genesee ha formalizado cargos de homicidio en segundo grado, tortura y abuso infantil contra Jessica O’Brien (41) y Damien O’Brien (40), los padres de Casper, un niño de siete años que falleció debido a una crisis cardíaca derivada de un cuadro crítico de obesidad mórbida y abandono.
Aunque el deceso se produjo en noviembre de 2025, la investigación penal avanzó bajo estricto hermetismo hasta derivar en el arresto de la pareja el pasado 24 de junio. Hoy, jueves 2 de julio, los acusados enfrentan su primera audiencia formal ante los tribunales, detenidos de forma preventiva y sin derecho a fianza.
Un cuadro físico desgarrador
Los detalles de la autopsia revelados por el fiscal David Leyton describen un escenario de supervivencia extremo para el menor. Con apenas 1,28 metros de altura, Casper alcanzaba un peso de 116 kilogramos, una masa corporal completamente incompatible con la capacidad de su organismo a esa edad.
El examen forense determinó que la causa del fallecimiento fue una insuficiencia cardíaca provocada por una miocardiopatía dilatada (el agrandamiento y debilitamiento del corazón), agravada de forma directa por su obesidad. Debido al peso, el niño había perdido por completo la capacidad de caminar, pasando sus últimos meses postrado. La inmovilidad le provocó:
-
Úlceras por presión profundas (escaras).
-
Infecciones cutáneas graves.
-
Erupciones generalizadas por falta de higiene elemental.
«No figuraban en el sistema»
La reconstrucción de los investigadores determinó que la tragedia no fue el desenlace inevitable de una enfermedad, sino de un patrón de negligencia sistemática. La familia contaba con cobertura médica privada; sin embargo, las cartillas revelaron que el niño solo asistió a una consulta médica en todo 2024. En aquella oportunidad, el pediatra ordenó su derivación urgente a un endocrinólogo infantil. Los padres ignoraron la orden.
Sumado a esto, ninguno de los dos hijos de la pareja asistía a la escuela. «Los niños prácticamente no figuraban para el sistema», sentenció el fiscal Leyton, explicando cómo la falta de escolarización bloqueó cualquier alarma o intervención de los servicios de protección al menor. Durante los allanamientos a la vivienda familiar, la policía describió un entorno de profunda insalubridad, tapado de basura y deshechos que impedían el libre tránsito.
El dato más escalofriante: Las pericias telefónicas arrojaron que, en los momentos previos al colapso final de Casper, los padres intentaron comunicarse con un veterinario en lugar de llamar de inmediato al servicio de emergencias médicas (911).
Cuando los paramédicos finalmente llegaron al domicilio, hallaron al niño inconsciente sobre una cama improvisada que compartía con el resto de la familia. A pesar de las maniobras de reanimación, fue declarado muerto a los pocos minutos de ingresar al hospital local.
El juicio que comienza a vislumbrarse a partir de las audiencias de esta semana promete reabrir un debate profundo sobre los límites de la patria potestad, la detección temprana de la vulnerabilidad médica infantil y las severas penas que prevé el código penal norteamericano ante el abandono de menores con patologías de riesgo mortal.
