El Instituto Penitenciario Provincial (IPP), ubicado sobre la Ruta 3, es escenario de una creciente controversia tras la aplicación de nuevas normativas internas. Los reclusos calificaron las medidas como «incoherentes y contradictorias», asegurando que las restricciones vulneran sus derechos y dificultan el vínculo con sus familias.
El conflicto por la comida: ¿Seguridad o falta de recursos?
En una audiencia realizada por videoconferencia, el interno Pablo Hualpa actuó como vocero del colectivo. Según la denuncia, la prohibición de ingresar alimentos específicos —como milanesas, tartas, croquetas y salamines— no obedece a razones de seguridad fundadas, sino a un intento de «aliviar la carga de las requisas» debido a la falta de personal y medios materiales.
Los puntos principales del reclamo alimentario incluyen:
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Inconsistencia de criterios: Se prohíben ciertos platos elaborados mientras se permiten otros similares.
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Desperdicio: La obligación de consumir los productos únicamente en el salón de visitas, prohibiendo el traslado de sobrantes a los pabellones.
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Riesgos sanitarios: El trasvase de alimentos a envases alternativos y las demoras en la entrega de productos perecederos.
Polémica por el código de vestimenta
Otro eje de conflicto es la nueva normativa de vestimenta para las visitas, dirigida principalmente a las mujeres. La subcomisaria Pamela Vásquez justificó la medida —que prohíbe calzas, capuchas y bufandas— bajo el argumento de facilitar la identificación por cámaras y evitar conflictos entre internos por prendas «ajustadas o translúcidas».
Sin embargo, los internos denuncian que estas reglas son desproporcionadas y afectan económicamente a familias de bajos recursos, limitando el uso de prendas accesibles y necesarias para el clima patagónico.
Búsqueda de mediación
Ante el estancamiento de las posturas, el defensor público Sergio Rey propuso una instancia de diálogo. El próximo miércoles se llevará a cabo una reunión clave entre:
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Autoridades del penal y del Ministerio de Seguridad.
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Representantes de los internos.
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Área de Servicio Social.
Nota: De no mediar un acuerdo en dicha reunión, será el magistrado Marcelo Di Biase quien determine la legalidad de las disposiciones.
Fuente: Con información de Diario Jornada.
