El sistema de salud solidario en Argentina enfrenta una de sus horas más críticas. El secretario general del gremio de Comercio, Armando Cavalieri, mantuvo un encuentro clave con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para poner sobre la mesa una realidad alarmante: la brecha abismal entre lo que recauda el sistema y el costo real de las prestaciones médicas amenaza con dejar a miles de trabajadores independientes sin servicio.
Números que no cierran
Según el informe técnico presentado por la cúpula mercantil, el aporte mensual de un monotributista (promediando los $22.000) ha quedado totalmente desfasado. Mientras tanto, el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) escala por encima de los $100.000 para un adulto joven y llega a los $170.000 en adultos mayores.
La disparidad es aún más cruda al desglosar los costos operativos que enfrentan las obras sociales:
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Consultas y estudios: Una radiografía oscila entre los $80.000 y $150.000, mientras que análisis clínicos complejos pueden superar los $200.000.
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Alta complejidad: Una intervención quirúrgica básica parte desde el millón de pesos, cifra que se multiplica exponencialmente en tratamientos crónicos.
El dilema de OSECAC
Carlos Pérez, titular de OSECAC (la obra social de comercio que atiende a más de 300.000 monotributistas), advirtió que el financiamiento actual es ficticio. «La intención no es excluir a nadie, sino evitar el colapso total del sistema que pone en riesgo la atención de todos los afiliados», señaló Cavalieri durante la audiencia.
Para frenar la descapitalización, el sindicato propuso al Gobierno dos alternativas drásticas:
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Equiparación: Que el aporte del monotributista se iguale al de un trabajador en relación de dependencia.
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Eliminación del componente: Suprimir directamente la cobertura de salud dentro del régimen del monotributo, derivando esa responsabilidad a otros esquemas.
Un debate de fondo
El planteo gremial traslada la presión al Ejecutivo Nacional. De no mediar una reforma estructural urgente, el universo de monotributistas podría quedar progresivamente fuera del sistema privado y de seguridad social, generando un efecto dominó que saturaría definitivamente la atención en los hospitales públicos.
El interrogante que queda flotando en el Ministerio es cómo sostener un modelo solidario en un contexto de inflación médica galopante sin que el costo social sea el desamparo sanitario de millones de argentinos.
