En diálogo con Radio del Sur 97.1, el ex juez de familia Martín Alesi analizó el caso del niño Ángel y cuestionó con dureza el funcionamiento del fuero de Familia, planteó críticas al sistema judicial, al rol de distintos organismos intervinientes y al debate público en torno a la actuación de profesionales en la causa.
Alesi explicó que, en contextos de conmoción social, se pierde el foco de lo verdaderamente importante y se desvían las discusiones hacia aspectos secundarios. En ese sentido, consideró que el debate sobre la matriculación del abogado particular del padre se volvió central de manera innecesaria, cuando lo prioritario es el esclarecimiento del hecho y la búsqueda de justicia.
«El requisito de la matriculación existe y debe cumplirse, pero no es el momento para instalar una confrontación pública cuando hay un padre que perdió a su hijo», sostuvo. Además, remarcó que existen mecanismos legales que permiten la actuación profesional con el acompañamiento de un abogado local, por lo que no se trataría de una irregularidad grave en el contexto del caso.
El ex magistrado también cuestionó la exposición mediática del conflicto entre el Colegio de Abogados y el letrado involucrado, al considerar que faltó «sensibilidad social» y una lectura adecuada del contexto.
«Se generó un cruce bochornoso que no aporta a lo que la sociedad está reclamando, que es justicia», afirmó.
Por otro lado, Alesi apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial en materia de familia, al advertir sobre una aplicación distorsionada de la perspectiva de género. Según indicó, en muchos casos se parte de una presunción de culpabilidad hacia el hombre denunciado, lo que puede afectar la imparcialidad en los procesos.
«La ley incluso habla de una presunción de culpabilidad del hombre en determinados contextos, y eso, sostenido en el tiempo, es muy peligroso», expresó. A su vez, consideró que este enfoque puede derivar en decisiones automáticas sin un análisis profundo de cada situación particular.
El abogado también hizo referencia a posibles fallas estructurales en el sistema, al señalar que las responsabilidades no pueden recaer únicamente en un organismo. En ese sentido, mencionó la necesidad de revisar el accionar conjunto de todos los actores que intervienen en casos de protección de derechos de niños, incluyendo el ámbito educativo y sanitario.
Respecto al caso puntual, sostuvo que es necesario analizar en detalle el expediente para determinar si hubo alertas previas que no fueron atendidas. También puso el foco en la importancia de detectar indicadores tempranos de vulnerabilidad en niños, como cambios de conducta o señales de desprotección, y remarcó que tanto docentes como profesionales de la salud tienen la obligación de actuar ante estas situaciones.
Finalmente, valoró la decisión del Superior Tribunal de Justicia de intervenir el equipo técnico interdisciplinario, aunque advirtió que el problema podría ser más amplio y no limitarse a un solo sector.
«Cuando hay una falla de este tipo, generalmente responde a una cadena de intervenciones donde distintos actores tuvieron algún grado de responsabilidad», concluyó.
