Los productores rurales de la Patagonia han manifestado su fuerte descontento con el Gobierno nacional tras una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Las entidades, junto al presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, criticaron duramente la decisión de mantener vigente la resolución 460 del Senasa, que flexibilizó la barrera sanitaria del Río Colorado. Esta medida permite el ingreso a la región de cortes de carne con hueso plano desde zonas que, si bien son libres de aftosa, lo son con vacunación.
Los ruralistas patagónicos señalaron que esta decisión prioriza «un criterio económico por sobre cuestiones sanitarias y productivas», lo que, a su juicio, pone en riesgo la sanidad animal de la región.
Riesgos sanitarios y cierres de mercados internacionales
Uno de los principales temores de los productores es el impacto de esta flexibilización en el acceso a mercados internacionales. Ya se observa una consecuencia directa: «Como resultado inmediato, el Gobierno de Chile deberá realizar una auditoría y, en el mientras tanto, mantendrá cerradas sus importaciones provenientes de la Patagonia, generando mayor incertidumbre y comprometiendo el trabajo y la competitividad de toda la cadena agropecuaria», explicaron.
Nora Lavayén, presidenta de la Federación de Rurales de Río Negro, expresó a LA NACION la «sensación de desazón e incertidumbre» que les dejó el encuentro. Confirmó que su federación fue la primera en llevar el tema a la Justicia y que la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS) también presentó un amparo, con otras acciones legales en evaluación. Lavayén indicó que deberán esperar la auditoría de Chile, prevista para octubre.
Ante Iraeta, los productores exigieron que, «al menos, se cumpla estrictamente con lo dispuesto en la normativa vigente respecto al empaquetado y maduración de la carne, y que se aclare la situación específica del cerdo y otras especies».
En un comunicado posterior, CRA ratificó su «profunda preocupación porque, pese a las severas críticas planteadas por los representantes patagónicos, se decidió mantener vigente dicha resolución, priorizando un criterio económico por sobre cuestiones sanitarias y productivas, con el consecuente riesgo para la sanidad animal, la producción y la apertura de mercados internacionales». Además, agregaron que no consideran «suficientemente válidos los argumentos expuestos por las autoridades para sostener esta decisión, que perjudica y pone en riesgo la sanidad de la región y su reconocimiento internacional».
