El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) tomó la drástica decisión de revocarle la tenencia de una propiedad a la Policía de la Provincia, luego de constatar que el inmueble se encontraba en un estado de abandono total y registraba una abultada morosidad en el pago de impuestos y servicios públicos.
Se trata de la casa número 7 del barrio «10 Viviendas Alborada», ubicada en la localidad de Gan Gan. La historia del inmueble se remonta al año 2002 cuando, mediante la resolución 484, el Estado provincial decidió ceder la unidad a la fuerza de seguridad en carácter de ubicación para su personal.
El pedido que destapó la olla
El estado de abandono de la vivienda pasó desapercibido durante casi dos décadas hasta que un requerimiento ajeno encendió las alarmas en los despachos oficiales. El Ministerio de la Defensa Pública presentó una nota formal para gestionar el traspaso del inmueble con el objetivo de habilitar allí las oficinas de un Centro de Atención para los vecinos de la zona.
Ante esta petición, el IPV inició un proceso de verificación que terminó por confirmar el peor escenario. Al ser consultado, el propio presidente de la comuna rural de Gan Gan ratificó de manera categórica que la propiedad permanecía cerrada, sin uso y «abandonada desde hace varios años».
Boletas impagas y rescisión del contrato
La falta de ocupación efectiva no fue la única irregularidad detectada en el expediente. El acuerdo original dictaminaba que la Policía debía hacerse cargo de todos los gastos inherentes a la unidad. Sin embargo, la investigación comprobó un incumplimiento flagrante de estas normativas, acumulando una importante deuda por la falta de pago de:
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Las cuotas de amortización de la vivienda.
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Tributos y tasas municipales.
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Facturas de servicios esenciales (luz, gas y agua).
La medida definitiva: Ante la gravedad de las faltas, el titular del IPV, Alejandro Asensio, firmó la Resolución 325 para dejar sin efecto la antigua cesión del año 2002. De esta manera, el organismo dispuso recuperar el control legal de la casa para regularizar su situación y asignarle, finalmente, un uso real en beneficio de la comunidad.
