En diálogo con Radio del Sur 97.1, el concejal de Despierta Chubut, Pablo Bustamante, volvió a cuestionar la contratación de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) para los empleados municipales y expresó su preocupación por el pago de 250 millones de pesos que, según explicó, habría sido transferido por error a una empresa que ya no estaba habilitada para prestar servicios.
El edil recordó que desde el año pasado viene solicitando información sobre la contratación de la ART y remarcó que los montos involucrados ameritan un proceso licitatorio.
«Hace un año que vengo preguntando por qué, si estamos hablando de cifras tan importantes, no se realiza una licitación pública. Estamos hablando de un gasto anual cercano a los 3.000 millones de pesos», sostuvo.
Según Bustamante, el secretario de Gobierno municipal, Sergio Bohe, informó ante los concejales que la Municipalidad debió contratar de urgencia una nueva ART luego de que Galeno fuera inhibida por la Superintendencia de Seguros de la Nación para continuar operando. Sin embargo, al momento de efectuar un pago correspondiente a la nueva prestadora, el dinero habría sido depositado en la cuenta de la firma anterior.
«Lo que nos dijeron es que cuando tenían que pagarle a la nueva aseguradora, Prevención ART, se equivocaron y le transfirieron los fondos a Galeno, una empresa que ya estaba atravesando una situación crítica», afirmó.
El concejal señaló que el Ejecutivo solicitó una ampliación presupuestaria para afrontar nuevamente ese desembolso y garantizar la cobertura de los trabajadores municipales. No obstante, cuestionó la falta de explicaciones sobre las responsabilidades del error.
«Estamos hablando de 250 millones de pesos. Esto no puede resolverse solamente con una ampliación presupuestaria. Tendría que existir una investigación administrativa que determine qué ocurrió y quién fue responsable», indicó.
Bustamante también puso en duda las posibilidades de recuperar el dinero transferido, teniendo en cuenta la situación financiera de la empresa.
«Nos dicen que están realizando las acciones legales para recuperar los fondos, pero eso no es una certeza, es una expresión de deseo. Hoy no hay ninguna garantía de que ese dinero vuelva a las arcas municipales», advirtió.
En ese sentido, consideró que el caso merece un análisis más profundo y reiteró que existen interrogantes sobre la modalidad de contratación utilizada durante los últimos años.
«Desde el año pasado vengo observando que hay algo que no cierra. Se trata de montos muy elevados y de contrataciones directas que generan muchas dudas. Como oposición tenemos la obligación de ejercer el control y pedir explicaciones», expresó.
El edil fue uno de los tres concejales que votaron en contra de la ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo. Al justificar su postura, sostuvo que antes de aprobar nuevos desembolsos deberían haberse esclarecido las circunstancias del caso.
«No podía acompañar algo así sin respuestas claras. Estamos hablando de recursos públicos y de una situación que requiere mucha más transparencia de la que se ofreció hasta ahora», concluyó.
