Con un fuerte operativo de seguridad que incluyó a la Gendarmería, los trabajadores realizaron un «ruidazo» en la sede central de Villa Maipú. Acusan al Gobierno de violar una cautelar judicial y vaciar el organismo estratégico.
El conflicto en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) escaló de manera dramática este lunes. En medio de un clima de extrema incertidumbre, los trabajadores del organismo llevaron a cabo una masiva asamblea y un ruidazo en la sede de Villa Maipú, sobre la colectora de la Avenida General Paz, para denunciar lo que consideran un plan sistemático de desmantelamiento que pone en jaque hasta 780 puestos de trabajo.
La chispa que reavivó la tensión fue la sorpresiva orden oficial de cerrar físicamente el instituto durante el viernes y el lunes de la semana pasada, obligando al personal a realizar teletrabajo. Para el sector gremial, esta medida no fue un hecho aislado, sino un «lockout patronal encubierto» diseñado por el Gobierno para frenar la resistencia interna y avanzar con el ajuste en el sector científico-tecnológico.
Ante el temor de incidentes o una toma del edificio, los alrededores de la sede amanecieron fuertemente custodiados por efectivos de la Gendarmería Nacional y móviles de la Policía de la Ciudad, un despliegue que los manifestantes calificaron como un intento de intimidación.
Una traba para trabajar y acefalía institucional
«Están violando una decisión de la Justicia que ordena que el INTI siga operando normalmente», advirtió a los medios Giselle, una especialista con 18 años de trayectoria en el área de Calidad en las Mediciones. La empleada remarcó que existe una medida cautelar vigente que el Ejecutivo está ignorando y cruzó con dureza el discurso oficial: «El Gobierno, que dice que los trabajadores estatales somos ñoquis, nos está impidiendo trabajar».
A la par de la amenaza de los despidos masivos, la comunidad científica del instituto alerta sobre una parálisis operativa total debido a la falta de conducción. Según denunciaron en la asamblea, el INTI lleva meses sin autoridades formalmente designadas, lo que mantiene completamente congeladas las firmas para la compra de insumos básicos y la planificación de objetivos estratégicos.
Para los trabajadores, el conflicto ya superó lo laboral y representa un peligro directo para la sociedad civil, asegurando que el Estado se está retirando de funciones esenciales ligadas a la seguridad industrial, los controles de calidad y el cuidado de la población. En las próximas horas, los gremios buscarán la intervención del Congreso de la Nación para exigir que se cumplan las resoluciones judiciales y se detenga el vaciamiento.
