En medio de la conmoción generada por el caso de Ángel López, el exdirector de la Oficina de Derechos y Garantías de Niñez, Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia, Carlos Barría Oyarzo, en diálogo con Radio del Sur 97.1, realizó un fuerte diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema de protección infantil en la ciudad y apuntó contra funcionarios provinciales y municipales por la falta de recursos, concursos y decisiones políticas.
Barría Oyarzo aclaró que no hablaría específicamente del expediente judicial vinculado a la muerte del niño, pero sostuvo que el caso «permite pensar qué está sucediendo con el sistema de protección integral de derechos».
El exfuncionario explicó además las diferencias entre la Oficina de Derechos y Garantías y el Servicio de Protección de Derechos, y cuestionó severamente el funcionamiento de ambos organismos.
«La Oficina de Derechos y Garantías es un órgano de control que debe velar por el buen funcionamiento del sistema de protección y por su fortalecimiento», detalló.
En ese marco, denunció que actualmente el organismo «está en manos de una dirección transitoria puesta a dedo» por el viceintendente Maximiliano Sampaoli y remarcó que desde hace dos años reclaman la realización del concurso público correspondiente. «La oficina hoy no está funcionando como debe funcionar», afirmó.
Barría Oyarzo reveló además que decidió renunciar a su cargo tras considerar que el sistema no mostraba cambios pese a los reiterados reclamos realizados durante su gestión.
«Llegó un punto en que yo no podía seguir siendo cómplice de un sistema donde nada cambiaba», expresó.
El psicólogo también apuntó contra la falta de funcionamiento del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia (CONAF) y responsabilizó directamente a las autoridades políticas. «Lo que falta es decisión política», sostuvo, al tiempo que reclamó acciones concretas a la ministra provincial de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, y al secretario municipal de Desarrollo Humano, Ángel Rivas.
«Ellos están obligados por ley a instrumentar todo lo necesario para que funcione correctamente el sistema. Y si no lo hacen, tienen que renunciar», lanzó.
Por otro lado, Barría Oyarzo describió graves falencias estructurales dentro del sistema de protección. Entre ellas mencionó falta de personal, precarización laboral, ausencia de recursos materiales y problemas edilicios. «El servicio de protección de derechos y la Casa del Niño no cuentan con personal suficiente para responder a la demanda que tiene la ciudad», advirtió.
Además, denunció situaciones de hacinamiento y convivencia entre adolescentes y niños en hogares convivenciales. «La Casa del Niño funciona de manera muy deficitaria», aseguró.
El exdirector también señaló que en Comodoro no existe un hogar destinado a adolescentes varones, lo que genera nuevas complicaciones en las medidas de protección excepcionales.
«Son fallas estructurales que venimos denunciando hace mucho tiempo», sostuvo.
Sobre el funcionamiento del Fuero de Familia, Barría Oyarzo reconoció demoras importantes y listas de espera para intervenciones urgentes. «Uno hace una denuncia y le dan turno para dentro de uno o dos meses ante situaciones graves que deberían ser evaluadas de inmediato», afirmó.
Finalmente, también se refirió al debate sobre la perspectiva de género en las intervenciones judiciales y profesionales. «La perspectiva de género no debería entrar en conflicto con el interés superior del niño», sostuvo, rechazando las críticas respecto a una supuesta «ideología de género» dentro del sistema.
