La Justicia de Comodoro Rivadavia dio inicio formal a una investigación penal contra cinco dirigentes y afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), señalados por su presunta participación en los hechos ocurridos durante una protesta realizada en la sede de Supervisión de Escuelas de Kilómetro 3.
La audiencia de control de detención y formalización de la investigación se llevó a cabo este martes en el Juzgado Penal del barrio Roca, bajo la conducción del juez Alejandro Soñis. Los imputados son Evangelina Arbe, Verónica Rosales, Lorena Rosales, José Parra y Eduardo Echeveste.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el fiscal Ariel Corredera, los incidentes se produjeron el pasado 2 de junio durante una manifestación gremial que reunió a unas 70 personas frente al edificio educativo en reclamo de mejoras salariales y demandas vinculadas a las negociaciones paritarias.
Según la acusación, un grupo de manifestantes habría intentado ingresar al inmueble por la fuerza tras desplazar las vallas de seguridad colocadas en el lugar. La fiscalía sostiene además que durante los disturbios se registraron daños en puertas y cristales del edificio, además de agresiones contra efectivos policiales que se encontraban custodiando el sector.
Como resultado de los enfrentamientos, cuatro agentes de la Policía sufrieron lesiones de carácter leve.
Los delitos imputados
El Ministerio Público Fiscal atribuyó provisoriamente a los cinco acusados el delito de atentado contra la autoridad agravado por la participación de más de tres personas y por el uso de violencia, en concurso ideal con lesiones leves, bajo la figura de coautores.
La defensa de los imputados, ejercida por la abogada Alicia Dramesino, rechazó la acusación y cuestionó tanto la calificación legal como la evidencia presentada por la fiscalía.
La letrada argumentó que no existen elementos suficientes para sostener la imputación y sostuvo que no se individualizaron de manera precisa las conductas atribuidas a cada uno de los acusados. Asimismo, remarcó que los hechos ocurrieron en el marco de una protesta sindical y pidió que no se avanzara con la apertura formal de la causa.
Seis meses para reunir pruebas
Tras escuchar los planteos de ambas partes, el juez Soñis resolvió habilitar la investigación preparatoria y fijó un plazo de seis meses para que la fiscalía continúe con la recolección de pruebas y el desarrollo de las medidas investigativas.
Al mismo tiempo, declaró legales las detenciones realizadas durante el procedimiento, aunque dispuso la liberación de los cinco imputados.
Como medida cautelar, el magistrado les prohibió acercarse al edificio de Supervisión de Escuelas mientras avance la investigación judicial.
Durante su resolución, Soñis destacó la importancia del derecho constitucional a la protesta, aunque advirtió que ello no habilita hechos de violencia ni daños materiales durante las manifestaciones.
En ese sentido, sostuvo que el ejercicio del derecho a reclamar debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley y sin afectar la integridad de las personas ni los bienes públicos.
