A más de un año de haber sido ordenada, una pericia clave a cargo del Cuerpo Médico Forense sigue sin realizarse. Desde el sector empresarial advierten que la demora afecta el desarrollo del proceso y piden la intervención del Ministerio Público Fiscal.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (CACIPCR) y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central (AEHGPC), querellantes en la causa que investiga la presunta emisión irregular de certificados médicos para justificar licencias laborales, expresaron su profunda preocupación por la paralización de una prueba técnica fundamental.
Se trata de un análisis dispuesto en 2025 por el Ministerio Público Fiscal y encomendado al Cuerpo Médico Forense de Comodoro Rivadavia. La medida busca contrastar los certificados médicos incorporados al expediente con las historias clínicas y la documentación sanitaria correspondientes para determinar si los diagnósticos cuentan con sustento real. Pese a que la orden fue reiterada el 24 de febrero de 2026 y a que las entidades presentaron pedidos de intimación, la pericia continúa pendiente.
Ante la falta de respuestas, las instituciones empresarias presentaron un nuevo escrito solicitando que se adopten las medidas legales pertinentes frente al incumplimiento. Según señalaron, la ausencia de este informe tienta contra el principio de justicia en plazos razonables e impide avanzar en uno de los ejes centrales de la investigación.
Impacto en las PyMEs y resguardo del ejercicio profesional
Desde la CACIPCR y la AEHGPC aclararon que la acción judicial no busca cuestionar el derecho legítimo de los trabajadores a tomar licencias ni poner en duda el ejercicio ético de la medicina. La meta es determinar si existió un circuito irregular que provocó graves perjuicios económicos y operativos en la actividad económica local.
La causa se originó por denuncias presentadas por numerosas firmas locales tras detectar patrones repetitivos. Incluso, un relevamiento realizado por la Cámara de Comercio entre PyMEs de la zona reveló una marcada preocupación por licencias vinculadas a la salud mental, donde el profesional actualmente investigado resultó ser el más mencionado por las empresas afectadas.
Las entidades querellantes reiteraron su respeto por las instituciones judiciales, pero remarcaron que el esclarecimiento de los hechos resulta indispensable tanto para las empresas perjudicadas como para la comunidad y los profesionales médicos que ejercen con responsabilidad. Por ello, instaron a que se acelere la producción de las pruebas pendientes para dar un impulso definitivo al proceso.
