La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado un paso decisivo en la causa por el bloqueo a una empresa en 2021, volviendo a poner en el foco el límite entre el derecho a huelga y la extorsión. El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ordenó avanzar en el juicio contra un grupo de sindicalistas del gremio de Camioneros que habían sido sobreseídos en instancias previas.
Un bloqueo que paralizó una empresa
La denuncia fue presentada por Carlos Dos Reis, en representación de la firma Química Oeste. El empresario detalló que el 10 de mayo de 2021, alrededor de diez personas se presentaron en el depósito de la empresa, colocaron una bandera del Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande y comenzaron a impedir el ingreso y la salida de camiones y trabajadores. Según la denuncia, los manifestantes pronunciaron frases amenazantes como: «De acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar».
El bloqueo se prolongó por días, afectando el normal funcionamiento de la empresa y causando, según la denuncia, pérdidas millonarias. El conflicto solo se resolvió el 18 de mayo al mediodía, cuando la policía bonaerense formó un cordón de seguridad que permitió la reanudación de las actividades. La empresa sostuvo que el bloqueo era parte de un reclamo para conseguir el encuadramiento de sus empleados y poder así elegir un delegado sindical.
El camino judicial y la decisión de la Corte
La causa penal por extorsión, turbación de la propiedad e impedimento del trabajo imputó a Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la Delegación Monte Grande, junto a otros ocho individuos. Aunque el Juzgado de Garantías de Lomas de Zamora había elevado la causa a juicio oral, la defensa apeló y una Cámara resolvió sobreseer a los imputados, argumentando que no se habían demostrado las «conductas violentas y amenazantes».
Ante esta decisión, la empresa presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, insistiendo en que la interpretación de la Cámara había sido «arbitraria» y que se habían afectado derechos constitucionales como el derecho a trabajar, la industria lícita y la propiedad privada.
Finalmente, la Corte Suprema hizo lugar al recurso y revocó el sobreseimiento, lo que significa que la causa deberá volver a ser elevada a juicio oral. Esta decisión sienta un precedente importante al reafirmar la necesidad de investigar y juzgar los bloqueos que trascienden los límites del derecho a huelga.
