La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha levantado la voz en contra de lo que considera un grave ataque a la libertad de expresión. El gremio repudió públicamente la medida cautelar que el Gobierno Nacional obtuvo de la Justicia para prohibir la difusión de audios de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que esta acción, sumada al «intento de allanar a periodistas», pone en riesgo la institucionalidad de la nación.
Censura previa y el intento de allanamiento
En un comunicado contundente, ATE recordó que «todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa». La medida judicial afecta a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico del programa de streaming Carnaval, así como a Pablo Giménez del portal Data Clave, a quienes se les prohíbe difundir los audios.
El gremio también advirtió que la persecución a la prensa atenta directamente contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, amparados en los artículos 14 y 32 de la Carta Magna argentina. A su vez, ATE subrayó que el país es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión» y que su ejercicio no puede estar «sujeto a previa censura».
