El litigio por la expropiación de YPF suma un nuevo capítulo de alta tensión en los tribunales de Manhattan. Los fondos Petersen y Eton Park, beneficiarios del fallo que condena a la Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares, presentarán este jueves un escrito formal ante la jueza Loretta Preska para denunciar lo que consideran una estrategia de dilación sistemática por parte del Estado argentino.
La ofensiva de los demandantes apunta directamente a la etapa de discovery (producción de prueba). Según el planteo de los fondos, el país ha incumplido con la entrega de comunicaciones oficiales, correos electrónicos y mensajería privada de funcionarios actuales y de gestiones anteriores, documentación que consideran vital para avanzar en la ejecución de la sentencia.
El fantasma del «desacato»
El pedido para que Argentina sea declarada en desacato busca no solo una condena simbólica, sino la aplicación de sanciones económicas adicionales. Para los demandantes, la falta de respuesta total de algunos exfuncionarios y funcionarios actuales ante los requerimientos de la Corte es una violación directa a las órdenes judiciales vigentes.
Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación, que lidera la defensa argentina, rechazó las acusaciones de plano. Desde el organismo sostienen que:
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El país está bajo cumplimiento de las decisiones judiciales.
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No se han agotado las instancias de defensa para justificar una sanción.
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La acusación de los fondos es una medida de presión en medio del proceso de apelación.
Una deuda que sigue creciendo
La disputa tiene su origen en la sentencia de primera instancia dictada por Preska en 2023, la cual determinó que el Estado argentino violó los estatutos de YPF al momento de su nacionalización en 2012. Con los intereses acumulados, la cifra ya supera los 16.100 millones de dólares, una carga financiera que el Gobierno nacional intenta mitigar o revertir mediante un recurso de apelación.
Mientras la justicia estadounidense define si aplica las sanciones solicitadas, la estrategia argentina se concentra en ganar tiempo y evitar embargos, en un escenario donde la soberanía estatal y los tecnicismos jurídicos de Wall Street vuelven a colisionar.
