El pedido de interpelación al secretario de Infraestructura y Obras Públicas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Fernando Ostoich, adquirió otra dimensión, cuando se hizo pública la denuncia que realizó en el concejal Omar Lattanzio en Radio del Sur 97.1.
La falta de respuesta en tiempo y forma a distintos pedidos de informes que había presentado oportunamente el edil del PLICH (Partido Independiente del Chubut), derivó en la primera interpelación que harán los concejales a un secretario de la administración de Othar Macharashvili el próximo 27 de agosto.
Entre los aspectos que nunca fueron respondidos adecuada y acabadamente por Ostoich, Lattanzio cuestionó que durante 2025 y 2026 no se realizó ni una sola obra por licitación pública y que las adjudicaciones se materializaron a través de concursos privados de precios.
Es más, agregó Lattanzio, «más del 50% del presupuesto anual de esa área fue ejecutado mediante la modalidad de concurso privado de precios, un mecanismo que debe ser excepcional y expedito para atender determinadas contrataciones».
Luego de haber recibido en calidad de respuesta por parte de la municipalidad, que los informes no eran respondidos como manda la ley, porque insumían un costo muy alto en fotocopias (en plena era digital); el concejal pudo acceder de forma parcial a partes de expedientes que le llamaron la atención
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Uno de los ejemplos que presentó el edil está relacionado con una obra realizada en el terreno destinado originalmente a un proyecto educativo y que finalmente fue utilizado como playa de estacionamiento, ubicado en Avda. Ducos pegado al inmueble que ocupa la ARCA.
Lattanzio afirmó que el Municipio había solicitado la construcción de un único portón de ingreso y egreso de esa playa de estacionamiento, de dos hojas de 2,5 metros cada una.
Sin embargo, aseguró que en la documentación aparecen cinco portones facturados, lo que habría elevado considerablemente el monto de la obra.
«La empresa sabe que no hizo cinco portones. La empresa sabe que hizo uno. Pero, por otro lado, te lo facturó. ¿Y quién lo certificó? La Municipalidad».
En esa misma obra, Lattanzio aseguró que se hicieron veredas con hormigón H-21 que es el que se utiliza para la construcción de rutas y calles por el peso que soporta. Luce como exagerado colocar tal calidad de material para solo construir veredas. ¿Alguien del municipio constató fehacientemente que la mezcla allí aportada es H-21 y no otra de menor calidad?
«¡70 metros cúbicos de hormigón es una barbaridad!», sostuvo Lattanzio.
Otro de los casos mencionados está relacionado con trabajos realizados sobre la calle San Martín, donde el representante comunal cuestionó las cantidades y los valores consignados para la construcción de vados destinados al acceso de personas con movilidad reducida, además del utilizado para hacer las bases en donde se colocaron las nuevas veredas.
Según la documentación que analizó, para los trabajos de cementación de las rampas para discapacitados, se habrían contabilizado 70 metros cúbicos de hormigón.
Además, señaló una importante diferencia en el precio por metro cúbico del material. Según los datos que presentó, el hormigón utilizado habría sido H-17 valuado en el mercado en $265.000 por metro cúbico para la construcción de dichas rampas. El precio, en principio estaría acorde a lo que se paga habitualmente. Lo que no deja de llamar la atención es la cantidad de metros cúbicos utilizados por el contratista para la construcción de las rampas. ¿Habrán facturado hormigón de más?.
Pero hay un dato que no pasó desapercibido para Lattanzio, quien afirmó que mientras para las rampas, el hormigón utilizado (H-17) tuvo un valor de $ 265.000, para el llenado del contrapiso de las veredas sobre la calle San Martín, se habría utilizado la misma calidad de hormigón, pero facturado a un precio notablemente superior. Por metro cúbico se habría abonado $1.670.000. Es decir, mas del 500% por el mismo producto.
«¡No puede ser que nadie lo haya visto, no puede ser que lo certifiquen, no puede ser que lo aprueben y no puede ser que lo paguen!», sentenció el concejal.
Pero éstas no son las únicas dudas que planteo Lattanzio en diálogo con Radio del Sur. Una, tal vez, de mas más llamativa fueron los valores que la municipalidad abono por la recuperación de tráileres habitaciones que se acondicionaron para uso de oficinas y depósitos.
Multiplicalo por 2, más o menos…
Según afirmó Lattanzio, la reparación de las cinco unidades fue adjudicada por $217 millones.
El concejal comparó ese monto con el valor de módulos habitacionales usados que, según una consulta realizada junto a otro edil, tendrían un costo aproximado de $22 millones cada uno, incluyendo equipamiento como aire acondicionado y baño.
«¡217 millones de pesos para arreglar los cinco tráileres. ¿Cómo voy a gastar 217 millones en una porquería?!», cuestionó.
De acuerdo con sus cálculos, reparar cada uno de los cinco módulos habría costado unos $43,4 millones, prácticamente el doble del valor que mencionó para adquirir una unidad usada en buenas condiciones.
Vale preguntarse entonces, ¿qué tipo de control realizó el Tribunal de Cuentas municipal dado que, además del control administrativo y contable, debería haber observado si existieron o no sobre precios o sobre facturación en estos concursos de precios?.
Lo cierto es que Fernando Ostoich no solo deberá responder ahora por la demora y la parcialidad con que respondieron los pedidos de informes del Concejo Deliberante sino, además, despejar las sospechas sobre posibles actos de corrupción que involucrarían a su gestión y la responsabilidad que, finalmente, recae sobre el Intendente Othar Macharashvili.
Tal vez, ahora podemos comprender más acabadamente, cuando el ahora fallecido Miguel Criado Arrieta, decidió renunciar de manera irrevocable a su cargo de asesor letrado municipal, cuando se supo que Ostoich ocupara la estratégica secretaria de obras públicas.
Entre las acciones que ameritan y obligan estar incluidas en este somero análisis, no puede dejar de mencionarse que la convocatoria a interpelación de Ostoich fue votada de manera unánime entre todos los ediles. Incluso por aquellos concejales oficialista que pareciera que no querrían correr el riesgo de ser sindicados como solventes de estas sospechas.
