Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios que continúan activos recaudaron más de $8,2 billones y acumularon un superávit cercano a los US$ 3.000 millones. Se trata de recursos que tienen destinos específicos establecidos por ley, principalmente vinculados con obras de infraestructura.
Sin embargo, una parte importante de ese dinero no fue utilizada para los fines previstos. Según el análisis de balances, planillas presupuestarias e informes oficiales, los excedentes fueron colocados en letras, bonos y otros títulos públicos, en línea con la estrategia del Gobierno nacional de sostener el equilibrio fiscal.
Los datos oficiales muestran que durante 2024 los fideicomisos registraron un superávit financiero de $1,86 billones, equivalente a unos US$1.978 millones al tipo de cambio oficial promedio de ese año. En 2025, el excedente alcanzó los $1,23 billones, unos US$973 millones.
La ejecución de los recursos también quedó por debajo de lo recaudado. Los fondos utilizaron el 55,8% de los ingresos durante 2024, el 69,5% en 2025 y el 69,7% durante el primer trimestre de este año.
El dinero que no fue destinado a los objetivos originales terminó siendo canalizado hacia inversiones financieras bajo la órbita del Ministerio de Economía. De esta manera, la estrategia pasó de mantener los recursos principalmente en plazos fijos del Banco Nación a destinarlos directamente a instrumentos de deuda del Tesoro.
Para este año, las previsiones presupuestarias contemplan colocaciones por $1,33 billones entre letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos. Ese monto representa aproximadamente US$880 millones adicionales que podrían quedar disponibles para la administración nacional a partir de los excedentes de los fondos fiduciarios.
De acuerdo con proyecciones privadas y análisis de distintos centros de estudio, la acumulación de recursos no ejecutados podría acercarse a los US$4.000 millones al finalizar los primeros tres años de gestión de Milei.
Menos obras, más recursos financieros
El impacto de esta política se observa especialmente en algunos de los fondos destinados a infraestructura social y servicios básicos.
Uno de los casos más significativos es el Fondo de Integración Socio Urbana, que sufrió una reducción del 94% en las transferencias. La disminución habría dejado paralizados 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares.
Una situación similar se registra en fondos destinados al transporte y a la infraestructura hídrica. En estos casos, las inversiones financieras realizadas por el Ejecutivo superan ampliamente los recursos destinados efectivamente a obras viales, mantenimiento de rutas y proyectos de saneamiento.
Así, mientras el Gobierno sostiene su política de déficit cero, parte de los recursos que fueron creados con destinos específicos para infraestructura permanecen invertidos en instrumentos financieros en lugar de transformarse en obras.
