Osvaldo Luján, integrante de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, habló con Radio del Sur 97.1 y calificó la medida como un «atraso» y una «inversión de la relación lógica», ya que implica llevar el riesgo de aftosa desde zonas con vacunación hacia una región que ha mantenido su estatus sanitario a través de años de esfuerzo.
La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, junto a otras entidades patagónicas, expresaron su fuerte rechazo a la resolución 460/25, que permite el ingreso de carne con hueso procedente del norte del país a la Patagonia, una zona libre de aftosa sin vacunación.
Luján explicó que la resolución contradice las recomendaciones de reuniones previas con la Secretaría de Agricultura y el Senasa, donde se había solicitado la opinión de la Patagonia sobre la resolución 180/25 (posteriormente suspendida y prorrogada). A pesar de que la prórroga contemplaba una reunión posterior con las autoridades provinciales y las entidades del sector, la resolución 460/25 fue emitida sin este diálogo.
El argumento oficial de una mayor oferta de carne y reducción de precios en la Patagonia fue calificado por Luján como «ridículo», ya que la región ya recibe más del 65% de su carne del norte. Señaló que la medida «ignora los aspectos sociales y económicos de la producción patagónica», incluyendo las 50 cabañas con mejoras genéticas y los frigoríficos locales que exportan productos ovinos. Luján enfatizó que «la zona libre de aftosa sin vacunación beneficia a todo el país, no solo a la Patagonia».
La presión de frigoríficos del norte y supermercados, como La Anónima, se presume como la causa de la resolución. Si bien un precio más bajo podría verse en los primeros 60 días, Luján duda que se mantenga a largo plazo.
A nivel institucional, las federaciones de sociedades rurales patagónicas, a través de CRA (Confederación Rurales Argentinas), están trabajando en conjunto. Se ha formado una mesa patagónica con representantes de varias provincias, que está analizando la resolución y considerando acciones legales.
Río Negro ya inició un recurso administrativo, y se espera una acción judicial en breve. Las entidades responsabilizan al gobierno nacional por cualquier brote de aftosa que pueda surgir como consecuencia de esta medida.
