En una sentencia que marca un precedente sobre la responsabilidad de las aseguradoras en el sector pesquero, la jueza laboral Amorina Testino condenó a Provincia ART S.A. a abonar una indemnización de $93.429.080,59 a un marinero de Rawson. El fallo no solo actualiza el monto del resarcimiento, sino que pone la lupa sobre las precarias condiciones de asistencia sanitaria que enfrentan los trabajadores en alta mar.
El accidente ocurrió el 16 de febrero de 2025, mientras el operario cumplía funciones en la cubierta de un buque perteneciente a la firma Costa Chubut S.A. Durante una maniobra, una estructura metálica impactó contra su mano derecha, provocándole una fractura y un grave traumatismo en el dedo índice. Según consta en el expediente, el trabajador no recibió asistencia médica inmediata a bordo, una negligencia que, según la magistrada, agravó considerablemente su cuadro clínico.
La deficiencia de la «atención virtual»
Uno de los puntos más críticos del caso fue el accionar de la aseguradora tras el regreso del buque a puerto. La demanda reveló que la ART evitó la atención presencial, limitándose a prescribir sesiones de kinesiología a través de videollamadas, para luego otorgar un alta médica prematura.
Inicialmente, la compañía pretendió cerrar el caso reconociendo una incapacidad de apenas el 1,78%, cifra que el trabajador rechazó de plano al verse imposibilitado de retomar sus tareas habituales. Durante el proceso judicial, las pericias médicas oficiales desmintieron a la aseguradora: el marinero presenta una «limitación funcional significativa» que le impide realizar una empuñadura completa o el movimiento de pinza con su mano hábil, herramientas fundamentales para la labor pesquera.
Un revés para las normativas de actualización
Ante la contundencia de las pruebas, la jueza Testino decidió elevar el grado de incapacidad al 11,99%. Sin embargo, el impacto del fallo fue más allá de lo médico. La magistrada declaró la inconstitucionalidad de normativas vigentes, como el DNU 669/19, que limitan los mecanismos de actualización de las indemnizaciones.
Para la justicia local, estas normas resultan regresivas y perjudican de forma directa al trabajador frente a la escalada inflacionaria, impidiendo que el resarcimiento mantenga su valor alimentario. Con esta resolución, se obliga a la aseguradora a cubrir el daño real sufrido y a garantizar que la capacidad residual del trabajador sea compensada de manera proporcional y justa.
