El partido fundado por Sergio Massa perdió su personería jurídica en el distrito patagónico por no renovar autoridades desde 2022. La intervención de la diputada Vanesa Abril no frenó un fallo judicial implacable que se suma a otro revés sufrido en la Ciudad de Buenos Aires.
El mapa político de Chubut sufrió un cimbronazo luego de que el Juzgado Federal de Rawson N°1 dictaminara la caducidad de la personería jurídica del Frente Renovador. Con esta decisión judicial, el espacio liderado a nivel nacional por Sergio Massa quedó inhabilitado para presentar candidatos a cargos electivos en el territorio provincial.
El detonante: una larga orfandad partidaria
La medida adoptada por la Justicia Federal responde a una falta institucional según la normativa electoral: el partido no realiza elecciones internas para renovar su conducción desde junio de 2022.
Pese a haber sido formalmente intimado 50 días antes para regularizar la situación, la fuerza política intentó ganar tiempo y salvar la franquicia designando a la diputada provincial Vanesa Abril como interventora, al tiempo que solicitó una prórroga para presentar un cronograma electoral. Sin embargo, el planteo fue rechazado de plano por los estrados judiciales, bajo el argumento de que la figura de la intervención no exime a los partidos políticos de cumplir con la periodicidad obligatoria en la renovación de sus autoridades.
Sin boletas, pero con vida política
Fuentes judiciales aclararon que la declaración de caducidad no representa la desaparición definitiva del partido ni prohíbe su existencia; el Frente Renovador podrá continuar realizando actividades de carácter político en la provincia. No obstante, el veto para competir electoralmente se mantendrá vigente de manera estricta hasta que el espacio logre recomponer sus papeles y recuperar la personería jurídica ante la justicia electoral.
Este revés en la Patagonia no es un caso aislado para el massismo. Apenas una semana antes, la Fiscalía Nacional Electoral también había solicitado la caducidad del partido en la Ciudad de Buenos Aires, en esa oportunidad por no cumplir con el piso mínimo de afiliados exigido por la ley vigente.
