Gobernadores de diversos bloques políticos han unido fuerzas en el Senado para presentar dos proyectos de ley que buscan reformar el sistema de coparticipación, en un claro gesto de presión hacia el Gobierno nacional. La iniciativa surge tras el fracaso de las negociaciones para acordar un nuevo régimen de distribución de recursos, que las provincias consideran vitales para sus finanzas.
Las propuestas, ingresadas en la noche del miércoles, buscan avanzar rápidamente en las comisiones de Coparticipación y de Presupuesto. Entre los firmantes se encuentran senadores de peso del PJ, la UCR, el PRO, y legisladores de bloques provinciales como Despierta Chubut y Provincias Unidas, incluyendo a José Mayans, Eduardo Vischi, Alfredo De Angeli, Mónica Silva, Edith Terenzi, Carlos “Camau” Espínola, Martín Lousteau y Carolina Moises.
Uno de los proyectos apunta a reformar la distribución del impuesto a los combustibles, proponiendo un nuevo esquema: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% directamente para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. Los fondos provinciales se repartirían un 25% equitativamente entre las jurisdicciones y el 75% restante según los índices de coparticipación vigentes.
Esta iniciativa también contempla la eliminación de varios fondos fiduciarios (de Infraestructura de Transporte, Sistema Vial Integrado, Compensador del Transporte, Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda). Los senadores argumentan que, si bien el Gobierno ya había eliminado la mayoría de estos fondos, los recursos afectados a esos fideicomisos no fueron distribuidos a las provincias. El proyecto subraya que estos recursos son «con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios», por lo que su redistribución «no afecta las finanzas públicas nacionales».
El segundo proyecto se enfoca en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), proponiendo su incorporación automática a la masa coparticipable y su distribución diaria, de acuerdo con la ley de coparticipación. Los fundamentos de esta iniciativa también resaltan que los ATN son «recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios», y que su modificación no impacta en las finanzas nacionales. Los senadores justifican la medida al señalar que el actual contexto económico y la crisis fiscal demandan que estos fondos, previstos para «atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros», se destinen a responsabilidades indelegables de las provincias como educación, salud, seguridad y justicia.
La unión de los gobernadores de distintas extracciones políticas refleja una creciente tensión fiscal entre las provincias y el Poder Ejecutivo, buscando revertir lo que consideran una centralización de recursos que afecta la autonomía financiera provincial.
