En diálogo con Radio del Sur 97.1, la concejal Luciana Ferreira, de Despierta Comodoro, habló sobre la sesión extraordinaria del sábado, donde se debatió la extensión de concesión con Patagonia Argentina, y desmintió categóricamente las acusaciones de haber participado en reuniones secretas con el municipio para negociar el contrato de transporte público.
Ferreira afirmó que la única reunión que mantuvo fue con el asesor letrado municipal, Miguel Criado Arrieta, donde se trataron temas de tierras, devolución de tierras por parte del IPF, y la implementación de proyectos provinciales en el municipio, incluyendo cuestiones de turismo y grandes inversiones. Si bien coincidió con el intendente en la salida de la reunión, este encuentro fue breve y a puertas abiertas.
La concejal atribuyó las acusaciones a una campaña de desprestigio, argumentando que «se me acusa falsamente de tener intereses en la empresa de transporte por haber sido apoderada de la misma en el pasado». Ferreira aclaró que su postura siempre ha sido de abstención o voto en contra de los aumentos de tarifas, demostrando la falsedad de las acusaciones.
Su abstención en la votación reciente se debió a la «vergonzosa» gestión del tema por parte del municipio, pero sin oponerse a la continuidad del servicio público esencial.
La aprobación final del contrato de concesión, con los votos del peronismo, se logró eliminando un pago mensual de 100 millones de pesos por gastos de extensión del contrato. Sin embargo, Ferreira reveló que este monto se pagará de todas formas por «legítimo abono», como reconocimiento unilateral de una deuda por ítems de servicio no incluidos en el contrato original.
Esta deuda se originó por la falta de pago de diferencias en el subsidio al transporte, debido a demoras administrativas municipales en el cálculo del subsidio, que siempre fue variable y dependiente de los ingresos por venta de pasajes. Este retraso en los pagos generó intereses significativos.
Ferreira enfatizó que la municipalidad nunca pagó las diferencias en el subsidio, acumulando una deuda considerable. Consideró esta situación como una «ineficiencia cara» por parte del municipio, que no realizó un seguimiento adecuado de los costos y los ingresos de la empresa de transporte, a pesar de tener la información automatizada disponible.
Finalmente, la concejal expresó su preocupación por la proximidad del vencimiento del plazo de la extensión del contrato (dos meses más, con opción a un tercero), y la necesidad de que el proceso licitatorio, que requiere una segunda lectura, se complete a tiempo para evitar repetir la situación. Ferreira aseguró que desde su espacio político «trabajaremos para acelerar este proceso».
