En una firme decisión política para combatir la creciente ola de ciberdelitos, el Poder Ejecutivo de Chubut anunció este sábado que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para restringir de forma definitiva el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en todos los ámbitos de detención de la provincia.
La medida, respaldada por el gobernador Nacho Torres, busca dar marcha atrás con las flexibilizaciones otorgadas durante la pandemia de COVID-19 y poner fin a lo que las autoridades denominan «centros de estafas» dentro de las comisarías y alcaidías.
«Cuentos del tío» y extorsiones desde el encierro
El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, justificó la urgencia del proyecto señalando que una gran parte de las estafas que sufren los ciudadanos se planifican y ejecutan desde el interior de los penales.
Entre las modalidades más frecuentes, el funcionario destacó:
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El engaño del «vehículo averiado» que solicita una grúa.
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El «depósito en exceso» que exige una devolución inmediata.
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Falsas relaciones sentimentales y extorsiones telefónicas.
«Vemos casos de una crueldad extrema, como el reciente suicidio de un militar por la extorsión de ‘el papá enojado’. Estos mecanismos generan una asfixia psicológica que destruye familias», advirtió Iturrioz.
Comunicaciones sí, pero controladas
La iniciativa no busca aislar a los detenidos, sino regular el contacto con el exterior. La diputada Andrea Aguilera detalló que el proyecto garantiza el derecho a la comunicación pero bajo un entorno de seguridad estricto:
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Llamadas de voz únicamente: Sin acceso a redes sociales ni aplicaciones de mensajería.
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Horarios pautados: Destinados a contactos preestablecidos (familiares o abogados).
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Equipos fijos e identificados: Prohibición total de la tenencia de módulos o componentes móviles en las celdas.
Una política integral contra el ciberdelito
Este proyecto se suma a otras normativas recientes en Chubut, como la ley contra la ludopatía infantil y la ley de ciberdelitos que fortalece al Ministerio Público Fiscal. Según Aguilera, el objetivo es blindar a los ciudadanos —especialmente a los jubilados— ante las nuevas modalidades delictivas que aprovechan la vulnerabilidad digital.
«Es una solución extraordinaria para un tiempo extraordinario que ya terminó», concluyó Iturrioz, dejando en claro que la prioridad del Gobierno será recuperar el control total de los establecimientos penitenciarios.
