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Estafa por viviendas del IPV: «Tenemos unas 150 denuncias y el perjuicio asciende a 15 millones»

Radio del Sur 97.1 dialogó con el fiscal a cargo de la investigación en la causa por estafa de viviendas del IPV, Martín Cárcamo.

El fiscal fue consulta sobre el estado en el que se encuentra la causa, «la causa esta avanzando a buen ritmo en este mes que se lleva adelante la investigación, hemos recibido 150 denuncias de los eventuales damnificados, se han ordenado diferentes medidas para determinar la cuantía del perjuicio económico».

Y añadió: «Hemos podido determinar que al menos en estas 150 denuncias, el perjuicio asciende los 15 millones de pesos, y en base a un pequeño relevamiento inicial con los grupos de los damnificados, la maniobra podría alcanzar a 300 personas. De todos modos, seguimos recibiendo alrededor de 5 o 6 denuncias por día».

Asimismo, comentó en qué consistió la estafa, «la maniobra consiste en definitiva generar o montar un ardid o daño consistente en gestionar la entrega de una vivienda del IPV. El delito es una estafa que se multiplica en tantas acciones como damnificados que podamos verificar que hicieron el deposito del dinero».

Y agregó: «No hay ninguna acción ilegal por parte de los damnificados, el perjuicio fue realizado por la persona que llevó adelante la maniobra».

Según la hipótesis que se está investigando, se trataría de una «maniobra defraudatoria puesta en cabeza de Vanesa Fita junto con la colaboración de 4 o 5 personas, que se encargaban de captar interesados y gestionar el tramite de iniciación de legajos y recepción de pagos y generar finalmente la ficticia entrega de una vivienda».

«Por el momento no hay evidencia que vincule a ningún funcionario con Vanesa Fita, al menos de la delegación local del IPV. Lo que si es cierto y que surge de la evidencia inicial, es que eventualmente no existiría una conexión local como en anteriores casos».

Con respecto a si los damnificados sabían que no era el mecanismo para adjudicar una vivienda, el fiscal explicó que «existe la maniobra defraudatoria, en qué consiste este ardid en particular, en que hay una apariencia concreta que esta vinculada esencialmente a la alusión de adquirir una vivienda donde se le propone un determinado curso de acción, en este caso era generar el perjuicio económico con la expectativa de la adjudicación de la vivienda».

«Por más que parezca burda, no deja de ser una maniobra engañosa que finalmente es lo que genera ese perjuicio económico», expresó.

Acerca de cuál es la situación procesal de Vanesa Fita, Cárcamo explicó que «la averiguación preliminar no tiene un plazo previsto y el juez no puede poner una fecha no puede imponer un plazo a esta investigación, el ministerio público podría haber imputado a Fita con las primeras 5 denuncias los hechos, pero eso podría haber perjudicado la investigación porque no sabemos cuantos son los damnificados».

«Pero en cuanto abra la investigación, el juez me da 6 meses para concluir, más allá de algunas alternativas que brinda el código procesal, pero a partir del momento en el que yo presente la imputación empieza a correr ese plazo», aclaró.

Y agregó: «Tengamos en cuenta que es una maniobra que tiene su complejidad por la cantidad de damnificados, lo aconsejable y es lo que estamos haciendo, que es juntar toda la evidencia posible y cuantificar del mejor modo posible la totalidad de los damnificados, para finalmente concretar la imputación».

«Estimo, de no mediar inconvenientes y al ritmo en el que va la investigación, que eventualmente en un término de 60 días podemos estar concretando una imputación, no solo para la denunciada sino para todo el grupo», declaró el fiscal.

Finalmente, fue consultado por la situación en la que se encuentran los involucrados, «algunas de las personas involucradas han designado defensor, guardaron silencio y eso complica la investigación», apuntó Cárcamo.

«Los denunciados serían la pareja de Vanesa Fita, Julio César Páez y su hija, Camila Páez, quienes designaron defensor. Luego los sospechosos, María Victoria Curán, quien también designo defensor; y Gisela Mansilla y Lucia Maldonado, estas dos últimas decidieron no designar defensor todavía, pero tampoco declararon», cerró.

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