El eco de la tragedia que sacudió a Comodoro Rivadavia hace tres semanas sigue resonando con una fuerza ensordecedora. Tras 22 días de silencio institucional, el Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut rompió el hermetismo para fijar una postura firme frente a la muerte de Ángel López, el pequeño de cuatro años cuyo fallecimiento desnudó las grietas más profundas de los sistemas de protección y justicia en la región.
A través de un pronunciamiento oficial, la entidad no solo abrazó el dolor de una familia quebrada, sino que lanzó una exigencia directa a los tribunales: celeridad y eficacia. El organismo profesional subrayó que la resolución de las responsabilidades penales no puede dilatarse, especialmente cuando el expediente revela detalles estremecedores. Los informes forenses preliminares, que contabilizaron al menos 20 golpes en la cabeza del menor, pintan el cuadro de un final violento que mantiene a la madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano, y a su pareja, Michel González, bajo prisión preventiva imputados por homicidio agravado.
Sin embargo, el comunicado también funcionó como un escudo institucional. El Colegio denunció públicamente una campaña de desinformación que utilizó de forma indebida la imagen de su presidenta, Karina Vanesa Marín. Al aclarar que la profesional no guarda vínculo alguno con la causa, la institución alertó sobre cómo los discursos de odio y la difusión de datos falsos en redes sociales actúan como un lastre que entorpece la investigación judicial y contamina el proceso de búsqueda de verdad.
La mirada de la opinión pública se posa ahora, con un juicio severo, sobre el Juzgado de Familia. El foco de la controversia es la resolución que, apenas tres meses antes del desenlace fatal, cambió la tenencia del niño para que conviviera con su madre tras un proceso de revinculación que hoy es visto como una sentencia de muerte. El padre de Ángel sostiene con desesperación que el niño estaba a salvo bajo su cuidado, una versión que cobra peso con los informes del jardín de infantes donde los docentes ya habían detectado señales de alerta, describiendo a un niño angustiado y transformado por el cambio de hogar.
La presión sobre el sistema de salud mental también se intensificó con la denuncia de la Fundación Más Vida contra dos psicólogas intervinientes en el proceso de guarda. La acusación es grave: presunto incumplimiento de deberes por haber avalado el traslado del menor con informes técnicos que, según la querella, carecían de un análisis ambiental profundo. En este escenario de sospechas y dolor, la comunidad espera que la justicia no solo encuentre culpables materiales, sino que explique cómo un sistema diseñado para proteger la vida permitió que el destino de Ángel se sellara en medio de la negligencia y la violencia.
