El diputado nacional José Glinski (UxP) presentó hoy en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos y Transición Energética Justa. La iniciativa busca cubrir un vacío regulatorio histórico en Argentina y garantizar que las empresas financien el cierre de pozos y la remediación ambiental de las áreas que abandonan, evitando que los costos recaigan sobre el Estado.
«Argentina tiene 12 leyes nacionales de presupuestos mínimos ambientales. Ninguna regula los pasivos hidrocarburíferos. Es el vacío más caro de la historia ambiental argentina», expresó Glinski.
El proyecto surge en un escenario de retiro masivo de operadoras de las áreas convencionales del país, tomando como referencia inmediata el caso de YPF en Comodoro Rivadavia y el traspaso de El Trébol-Escalante a PECOM con los pasivos ambientales incluidos.
«Comodoro Rivadavia es la capital del petróleo desde 1907. Después de 118 años de hospitalidad con la industria, lo mínimo que podemos pedir es que cuando se vayan, tapen los pozos», manifestó el diputado.
Claves del proyecto de ley
La propuesta establece presupuestos mínimos de protección ambiental conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional, sin alterar las competencias provinciales, e implementa cinco herramientas centrales:
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Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos: Financiado por aportes obligatorios de las empresas titulares de concesiones.
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Registro Nacional de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos: De acceso público, gratuito e irrestricta.
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Garantías financieras obligatorias: Para cubrir las tareas de abandono, cierre, remediación y monitoreo posterior.
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Responsabilidad objetiva y solidaria de las operadoras: La cual subsiste aún en casos de cesión, quiebra o disolución de las empresas.
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Régimen específico para la transferencia de áreas: Con auditoría técnica independiente y acreditación de solvencia del cesionario.
Trabajo, ambiente y recursos públicos
Una de las grandes novedades de la iniciativa es la incorporación del principio de transición energética justa con sostenimiento del empleo, planteando que las tareas de remediación se integren al proceso productivo como una etapa más que genere empleo local.
«El cierre de un pozo no es el final del trabajo, es trabajo en sí mismo», fundamentó Glinski, detallando que al implicar ingeniería, monitoreo y restauración, «esa tarea puede y debe ser realizada por quienes hoy ya saben hacerla: los trabajadores petroleros de las cuencas argentinas».
El debate ahora se traslada al Congreso de la Nación, bajo una premisa que el legislador chubutense dejó en claro al cierre de su presentación:
«Esta ley parte de una idea muy simple: las petroleras tienen que hacerse cargo de los costos que generan. Queremos proteger el trabajo, cuidar el ambiente y evitar que los recursos públicos terminen financiando obligaciones que les corresponden a las empresas. El cierre de pozos y la remediación ambiental pueden generar empleo y oportunidades para nuestras comunidades. Si la riqueza salió de la Cuenca, los pasivos no pueden quedarse en la Cuenca».
