En una medida que promete generar fuertes cruces políticos, el oficialismo avanzará esta semana en el Congreso con un proyecto de ley para reformular drásticamente el régimen de subsidios al gas. La iniciativa, impulsada bajo la resolución 346/2026 en el marco de la emergencia energética, propone eliminar las ampliaciones territoriales aprobadas en 2021 y concentrar el beneficio casi exclusivamente en la región patagónica, Malargüe y la Puna. Con este cambio, decenas de municipios en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza perderían los descuentos en las tarifas que rigen actualmente bajo el concepto de «Zona Fría».
El debate se iniciará formalmente este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza buscará emitir dictamen para tratar la propuesta en una sesión especial el próximo 20 de mayo. El objetivo del Ejecutivo es desmantelar el esquema actual y volver a un modelo focalizado en áreas de frío extremo y en sectores vulnerables. De aprobarse, la Patagonia recuperaría su estatus como eje central del subsidio, justificado por sus condiciones climáticas rigurosas y los elevados costos de calefacción que enfrentan sus habitantes durante gran parte del año.
Además del criterio geográfico, el nuevo sistema plantea una segmentación socioeconómica denominada Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Según el texto oficial, solo podrán mantener la asistencia estatal aquellos usuarios registrados en el ReNaBap, veteranos de la Guerra de Malvinas y familias cuyos ingresos no superen el valor de tres canastas básicas. Desde el Gobierno defienden la reforma como una herramienta necesaria para reducir el déficit fiscal y sanear la cadena de pagos del sector energético, argumentando que el esquema vigente genera profundos desequilibrios financieros.
La propuesta no solo limita los subsidios, sino que también introduce cambios estructurales en el mercado energético nacional. El proyecto incluye mecanismos para que las empresas regularicen sus deudas con CAMMESA y extiende los beneficios impositivos para el desarrollo de energías renovables hasta el año 2045. Mientras el oficialismo acelera los plazos parlamentarios, crece la preocupación en las provincias que quedarían excluidas del beneficio, anticipando un debate de alta tensión por el impacto directo que la medida tendrá en las facturas de gas de millones de hogares.
