Luce como una contradicción, pero en realidad no lo es.
Una de las bases en las que se sustenta la convivencia democrática es la comunicación entre gobernantes y gobernados. Los actos de los primeros «deben» difundirse, darse a conocer, con el fin de publicitar las decisiones que comprometen efectivamente a la totalidad de la sociedad. Es una obligación con sustento filosófico, político y legal que alcanza a todos los gobernantes de los distintos niveles del Estado, quienes alcanzaron el poder a través de un sistema democrático.
La comunicación de los actos de gobierno no solo es una garantía del «hacer político», sino también de la «transparencia» de quienes actúan en ese entramado oscuro de intereses cruzados.
Sin embargo, somos testigos presenciales de uno de los vaciamientos más notorios en esta materia. La inacción, la falta de preparación y de capacitación en los asuntos públicos conllevan hoy, tal vez más que nunca, a convivir con servidores públicos que no sirven o con funcionarios públicos que tampoco funcionan.
Frente a ese escenario, a este panorama, la esencia pública del sistema de convivencia democrática —que es el debate constante— expone dramáticamente la marcada precariedad de las clases gobernantes.
Frente a esta «publicidad de la mediocridad»…
…quienes asumieron irresponsablemente el desafío de conducir los destinos de una ciudad apelan —casi de inmediato— a menguar, a apagar todo aquello que mantenga encendidas las luces de una obra de teatro donde la calidad de quienes la interpretan deja mucho que desear.
Sería un facilismo exacerbado, un reduccionismo, destacar o resaltar solo la acción de gobierno en materia ejecutiva o legislativa. Uno de los fraudes más evidentes de las últimas décadas alcanza también al ámbito judicial.
Su complicidad con los restantes poderes del Estado no se aceitó —únicamente— para lograr mejores indicadores de respuesta a los crecientes interrogantes de la numerosa y cada vez más olvidada sociedad civil. Al mismo tiempo, dicho servicio de justicia se ocupó también de procrastinar toda aquella decisión que pudiera poner en riesgo el goce de los beneficios que ofrece ocupar el estamento de los cargos que detentan.
Los pocos
La teoría política identifica a quienes ejercen legítimamente un cargo o disfrutan de una posición privilegiada a través de la denominada «ley de hierro de la oligarquía». Se trata de organizaciones públicas y personajes que, por su conducta, desnaturalizan y deforman la esencia republicana en beneficio propio y así terminan, inevitablemente, gobernando en absoluta minoría y cada vez más alejados de la base de votantes.
Con ello, el objetivo de quienes integran esta «oligarquía gobernante» deja de ser la gestión de gobierno en pos de alcanzar los ideales de los electores para convertirse en un grupo que gobierna con el único fin de mantener su propia posición de privilegio y el control del aparato estatal.
En las sociedades modernas, esta característica tiende a consolidarse tanto en las organizaciones como en quienes las gobiernan. Pero, como respuesta, el mismo sistema democrático instrumenta, casi automáticamente, algunos mecanismos que limitan esa tendencia a la consolidación de dinámicas elitistas.
Uno de esos mecanismos, o dispositivos de control, que expone los pornográficos alcances de las distintas oligarquías gobernantes es la prensa. Las organizaciones periodísticas también corren el riesgo de acabar siendo conducidas por élites de iluminados, pero en su producto final sigue habitando el germen del control.
Una de las medidas que una sociedad moderna incorpora para evaluar cuán democráticas son sus conductas es contar con una prensa organizada, con periodistas lo suficientemente capacitados para construir una agenda pública que posibilite un debate abierto y maduro.
Repasar algunos de los hechos que impactaron en la opinión pública durante los últimos meses y las respuestas de los responsables en materia decisional nos permite alcanzar una comprensión más abarcativa de lo mencionado.
Casos como «la causa de Vialidad Nacional», «los Cuadernos de las Coimas», «Libra», «ANDIS», «Adorni», el pliego de la candidata a jueza Michelli y otros son algunos de esos hechos protagonizados por funcionarios nacionales que, de no haber sido publicados por la prensa, no hubiesen alcanzado la notoriedad necesaria y suficiente para ser abordados judicialmente.
En el ámbito local, el desmoronamiento de la ladera de la Meseta Hermitte junto con la existencia de numerosos estudios geológicos que desaconsejaban su utilización; el femicidio de Valaria Schwab, que evidenció la falta de seguridad e iluminación en el lugar; la conmocionante muerte de Angelito López y el ensordecedor silencio de las autoridades; el escándalo del transporte público de pasajeros; o la anulación del fallo destituyente de la ahora nuevamente jueza Mariel Suárez, entre otros casos, también evidencian la pobreza y la precariedad profesional con que fueron abordados estos temas por parte de los funcionarios responsables, tanto políticos como judiciales.
La aparición de funcionarios corruptos e incapaces exacerba las ya negativas consecuencias que conlleva cohabitar con «élites gobernantes». Lo descripto por Michels en 1911, cuando acuñó el concepto de «ley de hierro de la oligarquía», destacaba la especialización de quienes comandan —o gobiernan— las instituciones u organizaciones democráticas y que, precisamente por esa especialización, terminan escindidos de las bases de esas mismas organizaciones.
Ahora, el problema es mucho más serio. El hecho de que quienes nos representan en la actualidad evidencien conductas teñidas por sospechas de corrupción o que demoren acciones de gobierno por falta de capacidad para ocupar los cargos para los cuales fueron elegidos o designados constituye un agravante indisimulable que atenta contra la legitimidad del sistema democrático y contra la autoridad de quienes gobiernan.
El intento de fiscales provinciales de amedrentar nuestra labor periodística mediante amenazas intimidatorias a familiares y a quienes serían nuestras fuentes, en simultáneo con el retiro absolutamente intempestivo, arbitrario y discriminatorio de la pauta publicitaria a Radio del Sur por parte de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, son ejemplos de esa degradación oligárquica, profundizada y agravada por una pobre calidad humana y gubernamental.
No solo no cesaremos en nuestra intención editorial, que sustentamos con información veraz y verificada, sino que profundizaremos, tanto como sea posible, nuestra responsabilidad como medio de comunicación: contribuir a un debate de ideas que, más allá de las diferencias, no deje nunca de respetar incluso a aquellos que pretenden acallarnos.
En el Día del periodista, hago propicia la ocasión para saludar y agradecer a todo el equipo de Radio Del Sur y Argentarnoticias por el compromiso, la profesionalidad y la pasión con la que desarrollan diariamente su tarea.
Por Sergio Cavicchioli
