Este martes, la Corte de Apelaciones de Nueva York dará a conocer una resolución clave en el litigio por la expropiación de YPF en 2012. El fallo podría determinar si la Argentina debe afrontar una indemnización de 16.100 millones de dólares, con un fuerte impacto sobre la economía nacional.
El conflicto no se originó por la decisión de estatizar la compañía, sino por el procedimiento utilizado. La jueza Loretta Preska consideró que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner incumplió el estatuto de YPF al no lanzar una Oferta Pública de Adquisición para los accionistas minoritarios, lo que, según la demanda, perjudicó a varios inversores y dio lugar al reclamo judicial en Estados Unidos.
Las opciones que analiza la Corte
Preska ya ordenó que el Estado argentino pague la multa utilizando el 51% de las acciones que mantiene en YPF. Sin embargo, el Gobierno pidió una medida cautelar para suspender esa orden, y la Corte de Apelaciones debe decidir entre tres alternativas:
- Aceptar la suspensión: dar más tiempo a Argentina y postergar el embargo de las acciones.
- Rechazarla: habilitar que Preska ejecute de inmediato la entrega del paquete accionario.
- Aceptar con condiciones: impedir el uso de las acciones como forma de pago y exigir otros activos, como bonos soberanos.
En caso de incumplimiento, el país podría enfrentar sanciones como el embargo de reservas del Banco Central o restricciones para acceder a financiamiento internacional.
El rol de Burford Capital
Gran parte de la demanda fue impulsada por Burford Capital, una firma especializada en financiar litigios, que adquirió los derechos para reclamar de exaccionistas de YPF, como el Grupo Petersen, que quebró tras la estatización. Aunque Burford no es el titular directo de las demandas, financió el proceso y, si gana el caso, se quedaría con el 70% de la indemnización, mientras que el resto iría a los acreedores del Grupo Petersen.
