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La AMFJCH acudió a la Corte Suprema para frenar el referéndum sobre eliminación de fueros

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH) presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de impedir la consulta popular que definirá la eliminación de los fueros para determinadas autoridades provinciales. En el escrito, la entidad advierte que la reforma «pone en riesgo la forma republicana de gobierno» establecida por la Constitución Nacional y que las provincias no tienen facultad para modificar.

Además, el gremio judicial pidió que los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut se aparten de la causa. El planteo se suma a una acción previa presentada en mayo ante el máximo tribunal provincial, donde solicitaron declarar inconstitucional la Ley V-201. Esa norma, aprobada en febrero por la Legislatura, habilita la modificación de los artículos 247 y 248 de la Constitución local y convoca a un referéndum para que los chubutenses decidan si eliminan la inmunidad de proceso y ejecución de sentencia para el gobernador, vicegobernador y miembros de tribunales electorales, sometiéndolos a la acción penal «sin privilegio».

En su presentación, la AMFJPCH cuestionó que la consulta se impulse «desde un mensaje falso y una lectura errónea del sistema constitucional» y subrayó que no debe someterse a votación una reforma que consideran inconstitucional. También remarcaron que en Chubut «no hay antecedentes de abusos» en el uso de los fueros y recordaron que se han procesado legisladores en funciones y destituido jueces sin impedimentos.

El escrito, firmado por José Raúl Heredia, Alfredo Pérez Galimberti y Marco Rojas Castro, advierte que permitir que las provincias restrinjan la inmunidad de arresto podría abrir la puerta a limitar otros resguardos constitucionales, como la inmunidad de opinión de los legisladores o la inamovilidad de los jueces.

La presentación ante la Corte Nacional se da en un contexto de tensiones entre la Asociación de Magistrados y el STJ provincial, con cuyos integrantes mantienen un conflicto público desde hace meses.

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