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Cortocircuito en el oficialismo: Villarruel otorgó un fuerte aumento en el Senado y desafía el ajuste de Milei

La política de «motosierra» del presidente Javier Milei encontró un inesperado obstáculo en la Cámara Alta. La vicepresidenta Victoria Villarruel impulsó una recomposición salarial para los trabajadores del Senado que generó tensiones inmediatas dentro de las filas oficialistas, al contrastar directamente con el discurso de austeridad del Ejecutivo.

El «Plus» de la discordia

 

La medida se formalizó mediante un correo electrónico enviado a las autoridades de la Cámara, informando la creación de un adicional por módulos para las categorías 7 a 1 del escalafón. Según los argumentos oficiales, el objetivo es corregir el «aplanamiento» de la escala salarial que se produjo en los últimos años.

Los detalles del incremento muestran una brecha significativa:

  • Alcance: La medida beneficia a más de 2.500 empleados legislativos.

  • Impacto dispar: Mientras que las categorías inferiores recibirán unos $34.000, los niveles jerárquicos verán un aumento que supera los $923.000.

  • Nuevos techos: Tras el ajuste, los salarios brutos en el Senado oscilarán entre $1.336.931 y $2.698.531.

  • Aclaración: La disposición no afecta las dietas de los senadores, sino que se limita al personal administrativo y técnico.

 

Grieta entre cámaras

 

La decisión de Villarruel expuso una clara diferencia de criterios con la Cámara de Diputados. Su titular, Martín Menem, decidió no aplicar una medida similar, ratificando su alineamiento con las metas de recorte del Ministerio de Economía. Desde el entorno de Menem cuestionaron la distribución del aumento en el Senado, señalando que favorece desproporcionadamente a los sueldos más altos.

Sueldos vs. Inflación

 

A pesar de este nuevo beneficio para los sectores jerárquicos, la situación del empleado legislativo promedio sigue siendo crítica. Según datos del sector, desde diciembre de 2023 la inflación acumulada alcanzó el 293,25%, mientras que los salarios apenas subieron un 116,8%.

Este desfase representa un deterioro real del poder adquisitivo que mantiene en alerta a los gremios, incluso en medio de este polémico «reordenamiento» salarial dictado por la Vicepresidenta.

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