A pesar de haber sellado acuerdos salariales con la mayoría de los sectores, el Gobierno de Chubut ha decidido endurecer su postura frente a las medidas de fuerza que persisten en el ámbito escolar. El secretario de Trabajo provincial, Nicolás Zárate, lanzó una dura advertencia contra las entidades sindicales que mantienen huelgas activas, calificando dichas acciones como «ilegales» debido a que se desarrollan mientras rigen periodos de conciliación obligatoria. Desde el Ejecutivo confirmaron que ya se han iniciado las constataciones de incumplimiento y que se avanzará con medidas disciplinarias contra las conducciones gremiales por lo que consideran una de las faltas más graves que puede cometer una organización de este tipo.
La tensión administrativa escala en un momento donde el Ministerio de Educación ya ha homologado incrementos para el personal auxiliar y mantiene mesas abiertas con el sector docente. Los acuerdos alcanzados con gremios como UPCN y ATE contemplan una suba acumulada cercana al 12% para el trimestre mayo-julio, la cual se liquidará de forma inmediata con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, Zárate fue tajante al señalar que la firma de estos aumentos no anula los plazos legales de la conciliación, por lo que cualquier cese de actividades antes del vencimiento formal —previsto para el 22 de este mes en algunos casos— carece de sustento legal.
El foco del conflicto se concentra actualmente en ciudades como Comodoro Rivadavia, donde el funcionamiento de las escuelas sigue afectado por la retención de servicios tanto de docentes como de auxiliares. El Gobierno ha puesto la lupa sobre la ATECH, señalando que fue la única entidad que rechazó la propuesta salarial y optó por el paro inmediato, a pesar de haber solicitado previamente que no se aplicaran descuentos por días no trabajados. En este contexto, la Secretaría de Trabajo recordó que bajo la nueva reforma laboral, la educación es considerada un servicio esencial, lo que obliga a los sindicatos a garantizar al menos un 75% de cobertura operativa y notificar las medidas con cinco días de antelación.
Mientras se prepara una nueva ronda de negociaciones para el próximo lunes, el Ejecutivo provincial mantiene bajo análisis la posibilidad de aplicar descuentos salariales y sanciones administrativas más profundas. La estrategia oficial combina la apertura al diálogo mensual para revisar la pauta inflacionaria con una política de «tolerancia cero» hacia el desconocimiento de las herramientas de mediación estatal. El conflicto entra así en una etapa decisiva donde la justicia laboral y el cumplimiento de los servicios mínimos serán los ejes centrales de una discusión que promete nuevos capítulos de fricción entre el Estado y las cúpulas sindicales.
