La Legislatura del Chubut aprobó este jueves la adhesión provincial a la Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como «Ley Antimafias», impulsada por el gobierno de Ignacio Torres con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución del crimen organizado mediante un trabajo coordinado entre distintos organismos estatales.
La iniciativa fue respaldada por los bloques Despierta Chubut y Familia Chubutense, mientras que Arriba Chubut y el Frente de Izquierda votaron en contra al considerar que existen «reparos institucionales» respecto de la aplicación de la normativa.
La ley establece que tanto el procurador general como el gobernador serán los encargados de formalizar pedidos de colaboración interjurisdiccional para combatir organizaciones criminales. Al mismo tiempo, aclara que la adhesión no modifica las competencias del Ministerio Público Fiscal ni de los tribunales provinciales en la investigación y juzgamiento de delitos bajo jurisdicción chubutense.
Durante el debate, la diputada de Despierta Chubut María Andrea Aguilera sostuvo que las mafias operan mediante estructuras organizadas, con distribución de roles y presencia en distintas jurisdicciones, por lo que consideró necesario que el Estado también «actúe en red».
«Frente a esta actuación en red de las organizaciones delictivas, el Estado también debe actuar en red y debe hacerlo con información compartida, coordinación institucional, inteligencia criminal y cooperación entre las distintas jurisdicciones», expresó.
Además, explicó que la adhesión permitirá dotar al Estado de mayores herramientas para investigar y sancionar a grupos criminales conformados por tres o más personas dedicadas a cometer delitos graves.
Desde la oposición, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, manifestó cuestionamientos sobre los alcances de la iniciativa. «Tenemos reparos de índole institucional que nos llevan a rechazar esta adhesión», afirmó.
Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Juan Aquino aseguró que no acompañaron el proyecto porque consideran que «avanza con más criminalización de la protesta social».
Energía solar para la Meseta
En la misma sesión, los diputados también aprobaron el convenio firmado entre el Gobierno provincial y la Empresa Provincial de Energía Chubut S.A.U. (EPECH) para desarrollar un parque fotovoltaico en Paso de Indios, con una inversión prevista de 8.400 millones de pesos.
La obra apunta a modernizar el sistema energético de la localidad y reducir la dependencia de los generadores diésel que actualmente abastecen la zona.
El diputado oficialista Sergio Ongarato explicó que el proyecto contempla la instalación de 4.680 paneles solares, ocho inversores, un banco de baterías y nuevos generadores de respaldo.
Según detalló, el nuevo sistema permitirá cubrir el 78% del consumo anual de energía mediante generación solar, mientras que el 22% restante será abastecido por equipos a combustión.
Ongarato remarcó que la iniciativa tendrá un fuerte impacto social y económico para la región. «Paso de Indios va a tener un sistema de energía estable. Esto significa mejorar la calidad de vida para hospitales, escuelas, comercios y vecinos», sostuvo.
Además, señaló que la reducción en el consumo de combustible permitirá recuperar la inversión en aproximadamente tres años gracias al ahorro operativo.
