La Corte Suprema dejó firme la decisión que habilita la ejecución de propiedades de la ex presidenta, Lázaro Báez y otros condenados, en el marco de la causa por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el decomiso de bienes por un monto de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa Vialidad, que alcanza a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a otros condenados.
Con esta decisión, el máximo tribunal rechazó por inadmisibles los recursos presentados por las defensas y confirmó el fallo de la Cámara Federal integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que había ordenado avanzar con la ejecución de una serie de propiedades vinculadas a los condenados.
El monto establecido corresponde al perjuicio económico que la Justicia determinó en la causa, donde se investigó un esquema de direccionamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Cristina Kirchner cumple actualmente una condena firme de seis años de prisión bajo modalidad domiciliaria, además de la orden de decomiso de activos destinada a la reparación del daño al Estado.
Los bienes alcanzados por el decomiso
La medida judicial incluye una veintena de propiedades vinculadas a la ex presidenta y su entorno familiar, así como más de 80 inmuebles pertenecientes a otros condenados en la causa, entre ellos Lázaro Báez.
Entre los bienes alcanzados se encuentran distintas propiedades en Santa Cruz, como terrenos en el Departamento III Lago Argentino, unidades funcionales en Río Gallegos y parcelas vinculadas al complejo hotelero Los Sauces, además de otros inmuebles adquiridos entre 2002 y 2010.
También figuran propiedades de gran extensión en la zona de El Calafate y Lago Argentino, incorporadas al patrimonio en distintos períodos comprendidos dentro del esquema investigado.
Los abogados de la ex mandataria habían cuestionado la medida al sostener que parte de los bienes correspondían a la herencia de Néstor Kirchner o habían sido adquiridos antes del período analizado en la causa. Sin embargo, la resolución judicial avanzó sobre la totalidad de los activos incluidos en el decomiso.
La causa Vialidad
La investigación judicial analizó un presunto esquema de direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, con sobreprecios y obras inconclusas.
Con este nuevo fallo, la Justicia habilita el avance sobre los bienes identificados para la recuperación de los fondos considerados como perjuicio al Estado.
