La investigación por la muerte de Ángel López sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el abogado Roberto Castillo presentara una denuncia penal contra la psicóloga Jennifer Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD) de Comodoro Rivadavia.
La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal local y fue impulsada en representación de Luis Armando López, padre del niño fallecido.
En el escrito, la querella pidió la suspensión preventiva de Leiva dentro del organismo al considerar que su permanencia en funciones podría entorpecer la investigación o afectar posibles pruebas vinculadas a la causa.
Además, solicitaron que la Justicia le imponga una prohibición de salida del país hasta que se resuelva su situación procesal, argumentando que la medida resulta necesaria para garantizar el avance de las actuaciones judiciales.
Otro de los puntos centrales de la denuncia apunta a preservar documentación considerada sensible. En ese sentido, se requirió que queden bajo resguardo los expedientes del Servicio de Protección de Derechos relacionados con procesos de revinculación familiar tramitados por el equipo técnico cuestionado.
Según la presentación, también se pidió que esos expedientes no puedan ser alterados mientras avance la investigación, con el objetivo de resguardar posibles elementos probatorios.
El escrito incorpora además el ofrecimiento de testigos y solicita la designación de un perito psicólogo forense independiente que intervenga en el análisis técnico de las actuaciones administrativas bajo investigación.
En el tramo final, los denunciantes reiteraron el pedido de apartamiento inmediato de la profesional hasta que se esclarezcan los hechos. Ahora será la Fiscalía la que deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas y cómo continuará la investigación.
Llantos y tensión en la audiencia
En paralelo, durante una nueva audiencia realizada en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, se vivieron momentos de fuerte tensión mientras avanzaba la causa que investiga la muerte de Ángel, el niño de 4 años fallecido hace aproximadamente un mes.
En esa instancia, el abogado Roberto Castillo —quien representa al padre del menor y busca constituirse como querellante— expuso una serie de declaraciones y detalles de la investigación que provocaron una visible reacción de Mariela Altamirano, una de las imputadas en la causa.
Durante su intervención, Castillo sostuvo que tanto Altamirano como Michel González habrían golpeado al niño entre el 28 de marzo y el 5 de abril.
«Tanto Altamirano como González le dieron golpes desde el 28 de marzo al 5 de abril mediante por lo menos 22 impactos en la cabeza que generaron un paro cardiorrespiratorio», afirmó el abogado durante la audiencia.
El letrado también aseguró que, desde la perspectiva de la querella, Ángel «fue brutalmente asesinado» y calificó el caso como un homicidio agravado por alevosía debido a la condición de indefensión del menor.
Mientras se desarrollaba la exposición, Altamirano rompió en llanto, negó varias veces con la cabeza y se cubrió el rostro frente a las acusaciones.
En otro tramo de su exposición, Castillo mencionó supuestos episodios de violencia dentro del entorno familiar y afirmó que, según declaraciones incorporadas a la causa, la mujer presentaba conductas impulsivas y agresivas.
La investigación continúa en marcha y todavía restan nuevas medidas, pericias y testimonios para intentar esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del niño.
