En medio de crecientes tensiones fiscales, el Gobierno nacional dispuso un esquema de asistencia financiera para varias provincias, con foco en distritos que atraviesan dificultades para sostener sus gastos corrientes y compromisos de deuda. La medida contempla un anticipo de hasta $400.000 millones que deberá ser reintegrado dentro del mismo año, con una tasa de interés del 15% anual.
La iniciativa fue oficializada este lunes a través del Decreto 219/2026, firmado por el presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. Según se detalla, el objetivo es brindar alivio transitorio a las jurisdicciones con problemas de liquidez.
Entre las provincias alcanzadas se encuentran Chubut, Santa Cruz y Río Negro, que en los últimos meses intensificaron sus reclamos por la caída de ingresos y el peso de sus deudas. También forman parte del esquema Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán.
Los fondos serán administrados por la Secretaría de Hacienda, que definirá la distribución en función de la capacidad de repago de cada distrito y su participación en la recaudación nacional. El mecanismo elegido consiste en adelantos de coparticipación federal, por lo que la devolución se realizará mediante descuentos automáticos de esos recursos, previa autorización de cada provincia.
El decreto también establece que la tasa aplicada será del 15% nominal anual desde el momento del desembolso hasta la cancelación total. Además, habilita la firma de acuerdos individuales con cada jurisdicción para fijar condiciones específicas y adapta el esquema previamente utilizado en Entre Ríos, con el fin de unificar criterios.
En el caso de la Patagonia, la asistencia llega en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas públicas. Chubut continúa con su proceso de cancelación de deudas, Santa Cruz enfrenta mayores costos operativos y demoras en ingresos, mientras que Río Negro ya había solicitado ayuda extraordinaria en meses recientes.
Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de situaciones financieras «transitorias» que requieren intervención inmediata para evitar incumplimientos. La ejecución del programa quedará a cargo de la Secretaría de Hacienda, mientras que la Contaduría General de la Nación registrará los giros como anticipos de la Tesorería.
