La carrera política de Manuel Adorni, que lo llevó desde la vocería presidencial hasta la Jefatura de Gabinete, atraviesa ahora un escenario complejo marcado por una investigación judicial. El funcionario, que proyecta competir en las próximas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, es objeto de un expediente por presunto enriquecimiento ilícito que analiza movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias y gastos no declarados.
El caso cobró impulso tras una publicación del diario La Nación, replicada por la Agencia Noticias Argentinas, que pone el foco en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Según registros oficiales, la propiedad —de casi 200 metros cuadrados— fue adquirida por un valor declarado de 230.000 dólares.
Uno de los puntos que genera sospechas es el financiamiento de la operación: el 87% del monto habría sido aportado por dos mujeres, identificadas como Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes habían adquirido el mismo inmueble apenas seis meses antes por 200.000 dólares al exfutbolista Hugo Morales.
Las inconsistencias surgen al revisar el perfil económico de las supuestas financiadoras. En particular, Sbabo figura como empleada editorial y, poco después de la compra inicial, apareció como beneficiaria del programa «Pase Cultural», destinado a jubilados con ingresos limitados. Esta situación es analizada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si existió una maniobra para ocultar el origen real de los fondos o la intervención de terceros.
La investigación también abarca otras operaciones vinculadas al entorno del funcionario. Entre ellas, aparece la participación de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino tanto en la compra del departamento como en la registración de una vivienda en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Según trascendió, esta propiedad registra gastos mensuales elevados en concepto de expensas, en contraste con los ingresos declarados por el funcionario.
Registros oficiales indican además que la escribana visitó en reiteradas ocasiones la Casa Rosada entre 2024 y 2025, lo que motivó su citación judicial para esclarecer su rol en estas operaciones.
Otro eje de la causa apunta a viajes en vuelos privados a Punta del Este, presuntamente gestionados por el periodista Marcelo Grandio. Aunque Adorni aseguró haber abonado su parte, no existirían comprobantes que respalden esos pagos. La causa se complejizó tras el testimonio de Vanesa Tossi, empleada de una firma de aviación, quien denunció presiones para modificar facturación y sostuvo que los pagos se habrían realizado en efectivo.
En este contexto, el juez Ariel Lijo dispuso restricciones de contacto para Grandio respecto de la testigo, mientras se investiga si los viajes constituyeron beneficios indebidos o gastos omitidos en las declaraciones patrimoniales.
Finalmente, datos de la Dirección Nacional de Migraciones pusieron en duda las afirmaciones públicas del jefe de Gabinete sobre sus viajes al exterior. Aunque había asegurado haber realizado solo un viaje recreativo reciente, los registros incluyen desplazamientos a Perú y Ecuador, e incluso un posible destino final en Aruba.
