La investigación sobre las escapadas aéreas del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo determinante. Un nuevo documento contable vuelve a poner el foco en el rol de su allegado, el periodista Marcelo Grandio, y en la confusa ingeniería financiera utilizada para costear los traslados desde Punta del Este.
El «Broker» uruguayo y la factura de los 3.000 dólares
La Justicia incorporó una factura emitida el 9 de marzo por el broker aeronáutico Agustín Ismel Issin a nombre de Grandio. El documento, que detalla el tramo de regreso (PDP-FDO) del 17 de febrero, presenta una curiosidad que despertó alertas en el sector aeronáutico: su costo fue de 3.000 dólares, una cifra significativamente menor a los 4.830 dólares que costó el tramo de ida.
Dato clave: La fecha de emisión de este nuevo comprobante coincide exactamente con el día en que el escándalo tomó estado público en televisión, lo que sugiere una posible maniobra de «prolijidad» reactiva ante la exposición mediática.
Contradicciones y versiones cruzadas
El frente judicial, a cargo del juez federal Ariel Lijo, se topa con un laberinto de declaraciones que no coinciden:
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Marcelo Grandio: Sus versiones han mutado con el paso de los días. Primero afirmó que «Manu lo pagó», luego que compartieron gastos y, finalmente, lanzó la declaración más polémica: que Adorni lo cubrió «con plata del Estado». Pese a decir que tiene pruebas, aún no las presentó.
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Manuel Adorni: El funcionario sostiene que se trató de un gasto personal, pero hasta el momento no ha exhibido facturas ni transferencias que acrediten haberle pagado a Grandio por el servicio.
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El intermediario: Agustín Issin confirmó que actuó como nexo para una reserva abonada por Grandio a través de la firma AlphaCentauri, utilizando el Honda Jet matrícula LV-HWA.
La carrera contra el tiempo por las pruebas
El juez Lijo ha solicitado registros de cámaras de seguridad y documentación a organismos públicos y privados. Sin embargo, la justicia enfrenta un obstáculo técnico: varias de las compañías involucradas ya advirtieron que los protocolos de seguridad borran las imágenes de video cada 30 días, lo que podría dificultar la identificación de todos los pasajeros y los movimientos en pista.
