En medio de la repercusión por el caso Ángel, el presidente del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia, Pedro Ferreira, dialogó con Radio del Sur 97.1 y aclaró la situación del abogado Roberto Castillo, quien no cuenta con matrícula para ejercer en la provincia.
Ferreira fue contundente: «Esta persona no se encuentra habilitada para ejercer la profesión dentro de los límites de la provincia». En ese sentido, explicó que la normativa vigente exige contar con matrícula otorgada por alguno de los colegios de abogados de la jurisdicción, requisito indispensable para poder desempeñarse legalmente.
El titular del Colegio indicó que se realizaron verificaciones en las cinco instituciones de Chubut y en ninguna figura inscripto. «Chequeamos en todos los colegios de la provincia y no tiene matrícula para ejercer, por lo tanto su situación es, como mínimo, irregular», afirmó.
Además, se refirió a la respuesta pública de Castillo en redes sociales, donde acusó a la entidad de intentar apartarlo del caso.
«Esto no es una respuesta, es simplemente una publicación de la que deberá hacerse cargo. Nadie lo ha presionado ni intentado sacarlo de la causa», aseguró Ferreira.
En esa línea, reveló que mantuvo una comunicación telefónica con el abogado para advertirle sobre su situación, aunque el intercambio no fue en buenos términos. «Le señalé lo que estaba ocurriendo, pero no fue bien recibido. Incluso intentó decir que le estábamos coartando su derecho a ejercer, lo cual no es así», explicó.
Ferreira remarcó que contar con un título universitario no es suficiente para ejercer la profesión:
«Como en otras profesiones colegiadas, es obligatorio tener matrícula habilitante. Es lo primero que hace cualquier abogado cuando se recibe».
También aclaró que incluso el asesoramiento jurídico constituye un acto propio del ejercicio profesional, por lo que tampoco podría realizarlo sin estar matriculado. «No se puede ejercer de ninguna forma sin la autorización correspondiente», sostuvo.
Consultado sobre posibles medidas, no descartó avanzar con una denuncia por ejercicio ilegal de la profesión, aunque indicó que aún se encuentra en análisis. «Tenemos que evaluar si corresponde hacer una presentación judicial o informar al tribunal de disciplina del colegio donde esté matriculado, si es que lo está», señaló.
Por último, indicó que desde la institución surgieron múltiples consultas de abogados matriculados sobre esta situación.
«Nos debemos a los colegiados. Este planteo no surge de manera aislada, sino de inquietudes concretas de profesionales que pidieron aclaraciones», concluyó.
